El resultado electoral que obtuvo el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, reaparecieron viejos aliados del kirchnerismo que se mantenían expectantes. Se duplicaron las presiones para beneficiar al suspendido juez Walter Bento que lo tiene al borde de la destitución por mal desempeño y resurgió la controvertida exjueza Ana María Figueroa, quien exige que le devuelvan su cargo y los sueldos de agosto y septiembre.

El día 9 de agosto, Figueroa cumplió los 75 años que la Constitución estableció para ejercer la magistratura, excepto que el Senado apruebe un nuevo pliego por cinco años y el presidente lo promulgue y lo publique.

La jueza primero sorprendió con la propuesta de permanecer en su despacho pero sin firmar resoluciones a la espera de que la Cámara Alta votase el despacho aprobado en la Comisión de Acuerdos, y luego intentó resistir su salida.

Pese a haber cumplido funciones sólo nueve días de agosto, a fin de ese mes se le había liquidado el sueldo completo: 3,7 millones de pesos en mano. Ese pago era una admisión administrativa de que Figueroa, que no había pedido licencia ni tramitado ninguna excepción, seguía siendo magistrada.

Luego de 72 horas, la Cámara Federal de Casación Penal se reunió en plenario para ordenar la irregular situación, Figueroa se presentó, reclamó que su paso al costado había sido un malentendido, acusó a sus compañeros de atacarla por ser mujer, y propuso tomarse una licencia extraordinaria para liberar el cupo en la Sala I a un reemplazante, mientras se definía su caso en el Senado.

A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia el 6 de septiembre firmó por unanimidad una resolución ratificando que la magistrada había dejado de serlo automáticamente el día de su cumpleaños. Gracias a la ausencia de una senadora opositora, el 28 de septiembre el Senado aprobó aquel pliego de Figueroa. Alberto Fernández lo promulgó el 3 de octubre.

Pero hace un mes, la exjueza no había actuado para volver a los tribunales. Ese silencio fue quebrado por una carta de 31 páginas remitida este martes a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, firmada por "la doctora Ana María Figueroa".

En dicha presentación, la abogada solicita que se ordene "la inmediata ejecución del Decreto 502/2023 de fecha 3 de octubre de 2023 y mi inmediata asunción de funciones de gobierno, superintendencia y jurisdiccionales como jueza titular de la Vocalía 10 de la Cámara Federal de Casación Penal, conforme ejercía al 9 de agosto de 2023".

Además, Figueroa reclama que "se rehabilite mi acceso al sistema informático para el ejercicio pleno de mis tareas habituales, se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023 y se oficie para su cumplimiento a la Casación Federal y el Administrador General del Poder Judicial."

En la fundamentación de su reclamo, la doctora dice que su nuevo pliego la habilita a permanecer "en la plenitud de mis funciones que ejercía y que ha sido turbado de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia".

El escrito denuncia que sus excompañeros Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos "realizaron una reunión clandestina" para "modificar de hecho la composición de superintendencia". Los susodichos se dirigieron a la Corte para preguntar qué sucedería con Figueroa luego de su cumpleaños sin el nuevo pliego aprobado.

Pero las protestas y rechazos de la abogada se elevaron directamente a la Corte. Calificó como "un manifiesto acto discriminatorio de la Corte contra mi persona, a través de un acto ilegal" la decisión de su cese en las funciones, ya que de acuerdo a su razonamiento "no es oponible un simple acto administrativo sin base legal y por ello nulo, por la falta de competencia de la Corte para cesar a una magistrada, interpretando sin caso judicial, a partir de cuándo y con qué plazo al cumplir los 75 años debía cesar en mi función de jueza, al acto formal de los otros dos poderes del Estado: Poder Ejecutivo Nacional y Honorable Cámara de Senadores de la Nación".

Asimismo, Figueroa también apunta contra sus excolegas, advirtiendo que "en el sistema constitucional republicano que nos rige, el cese, nombramiento, sanción o destitución de un juez/a de la Nación o Federal es competencia del Consejo de la Magistratura, no de la Corte Suprema. Remitir por la Cámara Federal de Casación Penal una consulta al órgano que no tiene competencia para decidir y además cumplirlo, demuestra un grave desconocimiento constitucional e ignorancia jurídica, inadmisible en jueces de dicha jerarquía".

La excamarista considera que la interpretación de la Constitución en relación al límite de la edad para los jueces es controvertida. En ese sentido, cita un proyecto de ley del diputado opositor Alvaro González para reglamentar el cese automático de las funciones de juez y vuelve a atacar a la Corte: "los jueces federales y nacionales somos funcionarlos de alto rango e Independientes, por lo tanto no debemos ser tratados como empleados cuya investidura es cesada por una resolución administrativa. Pues conllevaría su negación de estabilidad, y su sometimiento a las órdenes arbitrarias y al margen de la ley. En un sistema republicano, los jueces y las juezas de la Nación no somos empleados de la Corte Suprema de Justicia."

Tras pedir la recusación de Rosatti respecto de cualquier opinión en su caso y también la de su excompañero Diego Barroetaveña, consejero en representación de los jueces, la doctora extiende su diatriba hacia los periodistas, al señalar "un clima agresivo de público y notorio conocimiento por parte de algunos medios masivos de comunicación que no escatimaron en epítetos o descalificativos personales", frente al cual "me permito formular un llamado de prudencia".

Asimismo, la ultima consideración del texto remitido a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura regresa sobre su supuesta discriminación por ser mujer.

"Fui víctima de violaciones de derechos y especialmente agraviada por una cuestión de género donde los actores de la judicatura, de ambas instancias, fueron todos varones que actuaron discriminatoriamente en mi contra por ser mujer independiente, que siempre resuelvo conforme a derecho, fundadamente y sin admitir presiones. Como he analizado en los precedentes, a ningún juez varón lo agraviaron con semejante intromisión inconstitucional, lo que resulta que a un juez varón no se habrían atrevido", detalla la doctora.

"En el presente caso denota que es poco tolerado la participación de las mujeres como pares; son aceptadas las que se asumen dentro de los roles estereotipados, sumisas, “femeninas”, no así las mujeres autodeterminadas que trabajamos por la independencia del Poder Judicial", concluye.