A pesar de no creer que el caso tenga vinculación con ninguna organización política ni elementos para sostener que hubo un financiamiento externo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, dio por concluida la investigación y mandó a juicio oral el caso por el atentado contra Cristina Kirchner. 

Luego de que el fiscal Carlos Rívolo solicitó el cierre de la instrucción del caso que investigó el atentado contra Cristina Kirchner, la magistrada envió a juicio oral y público a los tres acusados por el intento de homicidio contra la vicepresidente. Los imputados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo se encuentran acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.

El representante del Ministerio Público Fiscal había sostenido que dentro de las 361 medidas de prueba efectuadas en el marco de la investigación, no se determinaron elementos que sustente la idea de un financiamiento externo detrás del ataque, ni la intervención de espacios políticos en la organización del mismo.

En diciembre pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe secundario del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa. Esa resolución se conoció después de que la jueza procesara a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, por diseñar y concretar un "plan criminal" para "asesinar a Cristina Fernández de Kirchner".

La pareja quedó procesada por ser coautores de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa". Luego la misma acusación recayó sobre Nicolás Carrizo, conocido como el "jefe de los copitos".

Una de las principales críticas de la vicepresidenta frente a la decisión del fiscal apuntó sobre dos aspectos señalados en el requerimiento de elevación a juicio oral, en el que Rívolo sostuvo que no hay elementos para atribuir el financiamiento del ataque a ningún espacio político.

En el planteo de la querella se hacemención a un informe que el juez Martínez De Giorgi envió al fiscal Rívolo donde, tras analizar un drive con una gran cantidad de información de Jonathan Morel -referente de Revolución Federal-, se concluyó que no hay nada que pueda vincular a dicho espacio con los acusados en el caso del atentado.

En relación a ello la jueza Capuchetti, respondió a los planteos de la vice e indicó que las medidas de prueba solicitadas por la querella “antes de ser sometidas a juicio a las tres personas que se encuentran detenidas y procesadas en esta causa, se vinculan en su totalidad a cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan a dichos imputados”.

Por otro lado, los abogados de Cristina Kirchner se enfocaron en el análisis que efectuó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), para el cual se compulsó la extracción forense correspondiente al servicio de almacenamiento “Google Drive” de Jonathan Morel, uno de los líderes de la agrupación “Revolución Federal”.

Con respecto a dicho estudio técnico habían pedido más medidas y análisis sobre algunas comunicaciones. Frente a las críticas sobre una “decisión de no investigar”, Capuchetti indicó que “se realizó un análisis sistematizado de las diligencias sustanciadas para esclarecerlas y del puerto al que arribaron muchas de estas hipótesis”, agotando así las medidas a llevar a cabo sobre el eje de este caso: determinar a los autores materiales del atentado.

El informe al que apela la vicepresidenta tiene conclusiones contrarias a su reclamo, donde se sostiene: “No se dio con archivos que pudieran relacionarse con la vinculación de los integrantes de la agrupación” liderada por Morel, “y las personas imputadas en la causa “ que tiene a su cargo la jueza Capuchetti y que se concentra en el intento de homicidio contra la vice.

El fiscal agregó: “No se puede relacionar ni vincular la participación de aquellas personas (los jóvenes detenidos por el atentado) en actividades de la agrupación”.

La jueza le dio la razón al fiscal Rívolo y dejó una “clara su postura en torno a las hipótesis alternativas de investigación, que no han sido acreditadas por el momento, aún a pesar del acaudalado material de prueba que se ha reunido”.

Por último, aclaró que el fiscal dejó abierta la posibilidad de que si surgen nuevos elementos o indicios para otras líneas de investigación, serán tenidas en cuenta “en virtud de la gran gravedad institucional de los eventos que aquí se investigan” y se “continuarán realizando medidas mediante la extracción de testimonios”, como corresponde a una investigación cerrada y ya elevada juicio.