El Estado continúa siendo un gran empleador para los parientes de los funcionarios en Argentina. A través de un relevamiento que abarcó todo el país se dio a conocer que gobernadores, vicegobernadores e intendentes de las capitaleds provinciales tenían en febrero de 2023 al menos 146 parientes que trabajan en el estado. La misma investigación relevó que el 56% de las provincias no tienen normas que impidan el nepotismo en la administraciones pública, índice que se eleva a 80% en las municipalidades capitalinas, y que en algunas provincias que cuentan con restricciones, no se cumplen.

El relevamiento distinguió entre una mayoría de casos de nepotismo y una minoría de familiares que ocupan cargos en los poderes legislativo y judicial. Sobre estos, indicó que si bien no son casos de nepotismo en términos estrictos, sirven para trazar las redes y conexiones que numerosas familias políticas argentinas construyen en todos los niveles del Estado.

De las 146 personas detectadas, 94 (64%) trabajan en las administraciones públicas locales, que dependen de los poderes ejecutivos provinciales, mientras que las otras 52 (36%) lo hacen en otros poderes, en otros distritos o bien con cargos electivos.

El relevamiento se efectuó en base a pedidos de acceso a la información pública que se presentaron en todas las provincias consultando sobre los cargos a gobernador, vicegobernador e intendente de las ciudades capitalinas y mediante datos obtenidos de la consulta pública que el consorcio Ruido llevó a cabo entre enero y marzo de 2023.

“¿Es este el mapa completo del nepotismo en Argentina? No, ya que seguramente hay muchos más casos no detectados de familiares, tanto de los tres funcionarios relevados por provincia, como entre otras personas que ocupan cargos públicos en esos gabinetes”, explica el informe publicado por Ruido, referentes de organizaciones civiles en cada provincia.

El informe detalla que el 92% de los gobiernos provinciales no respondió los pedidod de acceso a la información llevados a cabo para conocer los nombres de los familiares y el otro 8% no dio casi respuestas útiles. Asmimismo señalan que no hay información oficial que permita saber hasta dónde puede llegar la cifra de parientes. En ese sentido, afirman que la imposibilidad de precisarlo son las dos características del fenómeno del nepotismo en Argentina.

El ranking de las provincias argentinas con más familiares de gobernantes detectados por Ruido lo encabezan Jujuy, Formosa, Catamarca, La Rioja y San Luis.  

En el caso de la provincia gobernada por Gerardo Morales desde diciembre del 2015, la investigación de Ruido detectó 38 parientes entre los tres funcionarios observados: gobernador, vice e intendente de San Salvador de Jujuy. El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) tiene 25 en total. Al menos diez son funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, mientras que el resto se reparte entre el Poder Judicial, la Legislatura local y el Congreso de la Nación.  

Tres hermanos del gobernador tienen cargos destacados: Héctor Morales trabaja en Secretaría General de la Gobernación, Walter Rolando Morales es Presidente del Inprojuy, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy; y María del Carmen Morales de Cuellar trabaja en el Congreso. Gastón Morales es presidente de Cannava, la empresa estatal jujeña para la producción de cannabis medicinal; y Facundo Morales es coordinador general del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas y presidente del Instituto de Artes Audiovisuales.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquim, tiene al menos ocho parientes en el Estado; mientras que el intendente Raúl Jorge suma cinco. Se trata de una de las provincias que tiene una ley de ética pública (5153) en donde se menciona la restricción de cargos para parientes.  

En Formosa se detectaron 15 casos: 13 familiares del gobernador, Gildo Insfrán, quien ya lleva 27 años al frente de la gobernación. Tantos años lleva en el poder que los parientes empezaron a jubilarse. Su hermano, Carlos Hugo Insfrán, fue diputado provincial cuatro veces; su hija Sofía es secretaria legislativa en la Legislatura provincial; su otra hija, Yanina Insfrán, es diputada provincial; su yerno Rodolfo Martínez trabaja en el Ministerio de Economía, entre otros. La Provincia dio respuesta a ningún pedido de acceso a la información sobre los parientes de Insfrán, del vicegobernador, Eber Solís, o del intendente Jorge Jofré.

Por su parte, en Catamarca se detectaron 10 parientes en el Estado, de los cuales cuatro son familiares directos del gobernador Raúl Jalil. Sin embargo, el caso que generó revuelo en la provincia fueron las contrataciones directas que realizó el ministro de Infraestructura y Obras Civiles de Catamarca, Eduardo Niederle, a la empresa de un primo de su pareja. Un informe del diario El Ancasti explicó que Niederle le cedió 38 contrataciones directas y luego de concursos de precios a la empresa Air Total SRL, por un total de 2100 millones de pesos y en solo 10 meses, para realizar todo tipo de trabajos. La cifra ascendió a marzo de 2023 $3025 millones de pesos para 67 obras. La oposición denunció los hechos ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que investiga si el procedimiento de contratación directa y el ministro reconoció la cartelización de la obra pública en una reunión que mantuvo en la Cámara de Diputados provincial.

A pesar de que La Rioja no brindó información, pero se detectaron 10 parientes en el Estado, de los cuales ocho están vinculados al gobernador peronista, Ricardo Quintela. Por empezar, sus hijos Jerónimo Quintela, presidente de la empresa provincial distribuidora de Energía (Edelar) y Guadalupe Quintela, directora de Comunicación de Mejor Riojanas, empresa estatal. También Alfredo Pedrali, su excuñado (secretario provincial de Energía) y sus sobrinos Gonzalo Becerra (subsecretario de Empleo y concejal electo), Marcelo Becerra (vicepresidente del Banco de La Rioja). El caso de su sobrina Karina Quintela produjo escándalo al ser nombrada vocal del Tribunal Superior de Justicia. Ni la provincia ni el municipio capitalino, en manos de la radical Inés Brizuela y Doria, respondieron los pedidos de acceso a la información.

Por otra parte, en San Luis más allá de las divisiones de los últimos tiempos, desde 1983 gobierna el mismo proyecto político y familiar: el de los Rodríguez Saá. Ruido detectó seis parientes en el Estado del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá: cuatro de ellos en el gobierno provincial y dos con cargos electivos. No existe ninguna legislación que prohíba el nepotismo, a pesar de algunos intentos de la oposición de poner el tema en agenda. Ni el municipio de San Luis ni en la Provincia respondieron los pedidos de acceso a la información presentados en enero de 2023, pese a las normativas sobre acceso a la información pública. El hallazgo de los 10 parientes de los tres funcionarios relevados fue revelado por los organigramas de sitios web oficiales y de fuentes que trabajan en áreas gubernamentales.  

Por último, en Santa Cruz fueron detectados nueve parientes en cargos públicos, de los cuales seis son familiares de los Kirchner. El Gobierno de Santa Cruz declinó a brindar la información solicitada por considerar que se trataban de datos protegidos por la ley 25.326 de Datos Personales. El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, fue quien respondió el pedido de acceso a la información. Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, fue nombrada en la fiscalía de Estado como “procurador letrado ad honórem” por decreto provincial N°0045 en diciembre de 2015. Mercado mantiene el cargo y firma fallos en temas sensibles para el gobierno de su madre al mismo tiempo que fue procesada en las causas Hotesur y Los Sauces, investigada por maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de la corrupción. Actualmente la causa está en la Cámara Federal de Casación Penal, para ser reabierta o cerrada definitivamente. La otra hija de la gobernadora, Natalia Mercado, fue nombrada en el Poder Judicial de la provincia y desde 2005 se encuentra al frente de la fiscalía de Instrucción de El Calafate, donde le tocó atender casos sensibles al poder, como la causa de la compra de tierras a valores fiscales por parte de sus tíos, Cristina y Néstor Kirchner, y de funcionarios del gobierno nacional y provincial de ese entonces. En 2020, instruyó la causa por el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner, que en septiembre llegará a juicio oral.

Del mismo informe se desprende que la mayoría de las provincias (56%) no tiene ninguna ley relacionada con la prevención del nepotismo en los gobiernos centrales. Eso quiere decir que no dictaron una normativa propia, pero que tampoco adhirieron a la ley nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188, ni al decreto 93/2018 (“Designación de personas con algún vínculo de parentesco”) sobre nepotismo en la administración pública.

En relación a los municipios capitalinos, la ausencia de esas normas es aún mayor: 80%. Sólo CABA, La Plata, Mendoza, Santa Rosa (La Pampa) y Viedma (Río Negro) poseen ordenanzas locales al respecto. Pero muchas provincias que disponen de un ordenamiento legal contra el nepotismo no lo reglamentaron, no lo controlan o lo incumplen.  

Asimismo, existen casos la norma es muy limitada. Por ejemplo, cuando sólo impide que gobernador y vicegobernador sean parientes. Pero no dice nada del resto. En La Pampa, por ejemplo, la ley 643 (estatuto para agentes de la administración pública provincial) determina la prohibición pero sólo para que el pariente trabaje en la misma repartición. Nada impide que lo haga en otras, por lo cual los funcionarios podrían ejecutar la práctica de intercambiar favores con sus pares.