La agenda política está marcada por el proyecto promovido por el presidente Alberto Fernández de juicio político a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La oposición rechazó la maniobra, a la que consideró como un ataque contra la Justicia una y, por su parte, una sección del kirchnerismo busca que se reforme por decreto el Consejo de la Magistratura. Más allá de dicha disputa, en varias provincias surgieron cuestionamientos sobre el manejo que el oficialismo hace de la Justicia.

El avance del poder político sobre la Justicia es una problemática histórica en la Argentina. En varias provincias, la oposición acusa a los gobernadores de manipular al Poder Judicial con el propósito de controlarlo mediante reformas, intervenciones salariales y pedidos de enjuiciamiento a los magistrados.

En la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de los contactos entre ambas orillas en el plano judicial, el peronismo porteño mayormente cuestiona al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por haber “colonizado” el Poder Judicial de la Ciudad. En el Tribunal Superior de Justicia designó, con el apoyo del radicalismo, a Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Tras dicho nombramiento, la Corte porteña emitió fallos en favor de la administración de Pro.  

Además, en el Consejo de la Magistratura porteño Rodríguez Larreta tiene consejeros aliados. Del órgano que selecciona y sanciona a los jueces de la Ciudad surgen los pliegos que usualmente poseen mayor poder de aprobación en la Legislatura porteña. El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, conserva antiguos vínculos con el Pro tras desempeñarse como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el gobierno de Cambiemos.

En la provincia de Chaco se discutió durante una década las remuneraciones del Poder Judicial. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra del gobierno de Jorge Capitanich: determinó “el pago de la reparación retroactiva desde la fecha de interposición de las demandas” e insistió en que “la intangibilidad de los sueldos de los jueces es una garantía de independencia del Poder Judicial”.

Por otro lado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco consideró la situación de “gravedad institucional inusitada” porque el gobierno provincial “se niega sistemáticamente a cumplir con la ley vigente”.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, amplió la Corte Suprema provincial de cinco a nueve miembros apenas asumió y nombró en ese tribunal a dos de los legisladores -Beatriz Altamirano y Pablo Baca- que votaron a favor de esa iniciativa. En ese momento, la oposición peronista cuestionó la designación del exfiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, nombrado por Morales, quien impulsó la acusación contra Milagro Sala. El Poder Ejecutivo jujeño también promovió una “ola” de juicios políticos a magistrados y consiguió las renuncias de Clara De Langhe de Falcone, Sergio González y Altamirano. Morales también controla a través de Sergio Lello Sánchez el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.

En Santa Cruz, gran parte del Frente de Todos en la Legislatura aprobó la incorporación de Fernando Basanta, cercano a Máximo Kirchner, como quinto integrante del Tribunal Superior provincial. Desde la oposición señalaron que el exministro de Alicia Kirchner, y aportante de su campaña en 2015, no cumple el requisito constitucional de seis años del ejercicio de la profesión para ocupar el cargo.

Cuando era gobernador en 1995, Néstor Kirchner, amplió de tres a cinco el número de jueces del Tribunal Superior. Uno de los designados fue Jorge Ballardini, quien fue asesor y fiscal de Estado en su gestión. En 1999 nombró a Carlos Zannini, también exministro de su gestión. Asimismo, dividió en dos el Ministerio Público provincial y removió al entonces procurador, Eduardo Sosa, quien investigaba al gobernador por la contratación de un estudio jurídico para negociar las regalías petroleras con la Nación. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que se lo repusiera en el cargo pero nunca se cumplió la orden.

En julio del 2020, en Catamarca, con el aval del actual gobernador Raúl Jalil, el oficialismo sancionó la ley que eliminó el Consejo de la Magistratura y elevó de cinco a siete el número de miembros de la Corte provincial. Se creó una Comisión Evaluadora para designar a los jueces: hubo muchos concursos declarados desiertos pero, de acuerdo a la oposición, los funcionarios se designaron “a dedo”.

Previamente, en 2016, la entonces gobernadora Lucía Corpacci aumentó los integrantes de la Corte provincial de tres a cinco. Designó como jueza a la hermana del exdiputado nacional y provincial, Isauro Molina, y a Miguel Figueroa Vicario (exfuncionario). En la segunda ampliación fueron nombrados Fabiana Gómez, esposa del intendente de Fray Mamerto Esquiú, y el exministro de Seguridad provincial Hernán Martell.

“Hay operaciones, favores, desmanejos, todo a cielo abierto, es vox populi. El gobierno de Raúl Jalil aniquiló la independencia del Poder Judicial catamarqueño”, señaló Francisco Monti, diputado nacional de la UCR.

En febrero del 2020, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó a sesiones extraordinarias para incrementar de siete a nueve los integrantes de la Corte de Justicia provincial. El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta cuestionó la decisión. Se había vencido el mandato de un magistrado y el Ejecutivo optó por ampliar el cuerpo para “acelerar los trámites”.

Dos de los designados fueron cuestionados: Horacio Aguilar, con “amistad manifiesta” con el exgobernador Juan Manuel Urtubey; asesor legal de Sáenz y defensor del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, en una causa de lesa humanidad; y Alejandra Gauffin, a quien se vinculó con una causa de facturas apócrifas de la Municipalidad de Salta cuando su hermano Pablo era secretario de Hacienda. Además, en 2017 se la acusó de “falta ética” porque habría recibido antes las preguntas del examen.

La oposición cuestiona que el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, generó un Poder Judicial “adicto”, sea por designaciones en cargos claves como por proyectos de enjuiciamiento a fiscales y jueces no afines a su gestión. El exmandatario trató de ampliar la Corte pero fracasó en el Senado. Los opositores lo acusaron de querer tener una “Corte adicta”.

Su sucesor, Rodolfo Suarez, también planteó “aggiornar” la Corte de Justicia provincial con una reforma de su funcionamiento para que se organice como un colegio de jueces y no como un tribunal de salas (su forma actual). La iniciativa implicaría eliminar las salas y generó controversia principalmente entre los peronistas.

Actualmente, la Corte provincial está compuesta por Dalmiro Garay Cueli, Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day -que integran la denominada “mayoría radical”- y Omar Palermo Mario Adaro y Julio Gómez, conocidos como “el bloque peronista”.

La designación de Karina Becerra -sobrina del gobernador, Ricardo Quintela- en el Superior Tribunal de la provincia de La Rioja desató una ola de críticas. Era secretaria de Justicia del gobierno riojano, afiliada al PJ y se estaba por suspender su matrícula por falta de pago, aunque canceló la deuda a último momento. En diciembre de 2021 inició como vocal y cuatro meses después quedó fue seleccionada como presidenta del máximo tribunal catamarqueño.

Becerra preside también el Consejo de la Magistratura y reconoce abiertamente que trabaja para la continuidad del proyecto de Quintela.

Jazmín Sarquis, presidenta del Consejo de Abogados de La Rioja, sostuvo: “La situación en el Poder Judicial es sumamente preocupante, vivimos en un medioevo judicial. No hay expediente digital, ni siquiera en la pandemia se actualizó el modelo y, además, hay un aterrizaje escandaloso de la política en la Justicia”.

La influencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sobre el Poder Judicial provincial es una de las críticas principales de la oposición. En 2010, el Obispado de Formosa recusó a todos los jueces inscriptos en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia luego de que recibieron $1,5 millones del Estado para una nueva sede.  

Gabriela Neme, diputada provincial de JxC, señaló: “Por eso pasó lo que pasó en la pandemia. Insfrán tiene la suma del poder público. No hubiera entrado un solo varado si no fuera por la justicia federal. Los integrantes del Superior Tribunal son militantes: hay un exministro de Economía, Ricardo Cabrera; un exapoderado del PJ, Marcos Quinteros. Si hubiera jueces independientes, Insfrán no sería lo que es. También el Tribunal Electoral está manejado políticamente”.

Neme recordó que en 2003, cuando se reformó la Constitución provincial y se incluyó la reelección indefinida del gobernador, parte de la oposición fue al Superior Tribunal debido a que existían numerosas irregularidades. El tribunal aseveró que no le corresponde expresarse sobre la Constitución sino sobre leyes; la Corte Suprema de Justicia tampoco se abocó por la “autonomía” de las provincias.

En San Luis, hace un año, el gobernador Alberto Rodríguez Saá propuso al vicegobernador Eduardo Mones Ruiz como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Para la oposición fue un “avasallamiento”. Dos meses después, Mones Ruiz pidió retirar su candidatura. La oposición sostiene que el Poder Judicial está “degradado” y “colonizado”. Rodríguez Saá eligió a Jorge “Gato” Fernández, un exjuez del máximo tribunal, como candidato para sucederlo en la gobernación.

En 2022 se reformó la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, creándose fiscalías y defensorías con la designación de 30 funcionarios. “El Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo del Senado, designará provisoriamente a los Fiscales Adjuntos y Defensores Adjuntos” hasta que el Consejo de la Magistratura presente las ternas al Gobernador, se explica en la norma.

Con respecto al Tribunal Superior, además de la postulación del vicegobernador, menciona ejemplifica con la renuncia a inicios de este mes del juez Jorge Fernández, quien en febrero asumía como presidente del cuerpo, para ser candidato a gobernador del kirchnerismo. Hasta noviembre del 2020, Fernández fue intendente de Tilisarao, pero “renunció porque el gobernador lo envió a la Justicia”.

De los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial de Tucumán, cuatro son exfuncionarios del gobierno local: Daniel Posse (exsecretario de Gobierno) y Eleonora Rodríguez Campos, Antonio Estofán y Daniel Leiva (exfiscales de Estado). “Esto viene siendo así desde la época de (José) Alperovich; en el Consejo de la Magistratura tienen mayoría y si el que sale primero en un concurso no les gusta, nombran al tercero; en la Legislatura también tienen los dos tercios”, aseguró Beatriz Ávila, senadora nacional por el Partido por la Justicia Social.

En ese sentido, añadió que el caso de Enrique Pedicone, un exjuez que denunció presiones de la Corte y de Juan Manzur para beneficiar a Ricardo Bussi en una causa por abuso sexual y que fue destituido hace dos años. “A él lo echaron y a Leiva lo premiaron con la presidencia de la Corte”, afirmó la legisladora.

Desde la oposición se subraya que esa Corte es “la misma que habilitó” a Manzur a presentarse como candidato a vicegobernador este año cuando no podría serlo “porque va contra la Constitución”.

En abril pasado el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó en el Congreso nacional un proyecto para incrementar a 16 el número de miembros de la CSJ y establecer un cupo por regiones del país para garantizar mayor federalismo.

Cuando gobernó en 2012, amplió de tres a cinco miembros el Tribunal Superior de Justicia. Un año después, Ana Piccinini, legisladora del Frente Para la Victoria fue designada en el organismo Liliana Piccinini, su hermana, quien era procuradora general de la provincia.

En Santiago del Estero, para la oposición existe una “colonización” del Poder Judicial que inició cuando Pablo Lanusse, como interventor designado en 2004 por el presidente Néstor Kirchner, desarmó el esquema judicial que respondía al exgobernador Carlos Juárez y designó magistrados en comisión, lo que permitió reemplazarlos “por decreto”.