Tras establecer en 2020 una tasa variable extraordinaria al impuesto a los ingresos brutos (IlBB) por los volúmenes operados en los puertos, la gobernación de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, aumentó por segunda vez los montos fijos y esto desató la bronca de los exportadores que ya se pusieron en pie de guerra y consideran esta medida como “inconstitucional”

El cambio se comunicó el miércoles 18 de enero en boletín oficial bonaerense y repercute en los costos de los exportadores e importadores. A partir de enero, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilos o su equivalente en otras unidades de medida, el servicio de carga de buques pasó a valer $125 (un incremento interanual del 68% respecto del valor previo), el de descarga, $375 (86% de aumento) y el de movimiento de mercadería, $60 (un incremento del 82%).

Ante esto, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó en un comunicado su bronca: "Por el hecho de gravar las mercancías cargadas y descargadas, además de las removidas, en función de su peso físico, se está adicionando una carga impositiva tanto a la exportación como a la importación, que es facultad exclusiva del Congreso, según la Constitución".

Además, consideran que esto es "un claro retroceso y un error estratégico, por su inconsistencia con la necesidad de promover el fomento fluvio-marítimo y el desarrollo exportador".

"Además de la inconstitucionalidad, la medida ejerce una presión adicional sobre los costos del comercio exterior en un momento que no es el mejor", sostuvo también Fernando Furci, titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA)