El Gobierno profundizó el enfrentamiento con la Corte Suprema en el marco de la discusión por los fondos coparticipables que debe remitir a la Ciudad. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, amplió la recusación de los cuatro integrantes del máximo tribunal que en el mes de diciembre ordenaron a la Nación que se le reintegren los fondos recortados a la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el Gobierno busca avanzar en el Congreso con el juicio político contra los ministros de la Corte que firmaron el fallo que obliga al Poder Ejecutivo a pagar más fondos de la coparticipación a la administración porteña, el jefe de los abogados del Estado presentó nuevos argumentos con el objetivo de apartar a los integrantes del máximo tribunal para seguir interviniendo en el reclamo.

Luego de que la Corte ordenó que la Nación comience a girar 2,95% de fondos coparticipables a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, el Procurador del Tesoro inició un pedido para la revocación de la cautelar y solicitó que se otorgue efecto suspensivo a este recurso, para que esa obligación quede sin efecto. Además, Zannini firmó la recusación de los cuatro ministros de la Corte para que  no puedan seguir interviniendo en este conflicto.

Si bien el máximo tribunal hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la Procuración General de la Ciudad, dirigida por Gabriel Astarloa, queda por resolver el conflicto principal: el gobierno de la Ciudad de Buenos reclama que se le reincorpore al porcentaje del 3,5% de coparticipación y la devolución de más de 252.000 millones de pesos por lo que dejaron de percibir desde septiembre de 2020, cuando el Presidente de la nación redujo dichos fondos.

Asimismo, el Procurador del Tesoro se refiere al rol del presidente de la Corte Suprema por la “aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal”, en relación a los supuestos chats de Robles con el ahora licenciado ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D´Alessandro, obtenidos mediante espionaje ilegal.

Además, Zannini utilizó como prueba el pedido de juicio político que tramita en el Congreso y que impulsa el kirchnerismo. En ese sentido, consideró que “existe un cuadro de situación de una gravedad inédita; en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo Tribunal”.

El Procurador del Tesoro insistió en que los Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales que “sorteo mediante deban expedirse sobre la recusación al doctor Rosatti, que este es un caso que puede significar un punto de inflexión en la vida de las instituciones de nuestra República”.

Zannini sostuvo que, en la definición que adopten “estará en juego la confianza de la sociedad en la imparcialidad, objetividad y transparencia del Poder Judicial de la Nación”.

Por último, en el escrito se apunta a los demás integrantes del máximo tribunal a quienes el oficialismo les solicitó el juicio político. Citó el requerimiento que gobernadores y referentes del kirchnerismo firmaron para que se inicie el proceso en el Congreso de la Nación.