Tras la denuncia de la Fundación Apolo contra el Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini (por incumplir los deberes de funcionario público), y contra el líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y demás integrantes del gremio, por “usurpar funciones públicas") en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa "Precios Justos", se generaron diversos coletazos. El principal es que varias cadenas de supermercados analizan bajarse del programa como consecuencia del control paraestatal que promueve el gobierno nacional y ejecuta el gremio de Moyano.

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli, indicó en diálogo con CNN radio que “con respecto a lo sucedido respecto a los controles de la Secretaria de comercio y de algunas organizaciones, desde nuestro sector lo vemos al tema con determinada preocupación por el simple hecho de que estas situaciones lo que hacen es alejar las posibilidades de que diferentes cadenas regionales se sumen al programa y, por el contrario, quienes ya se hayan sumado busquen realmente bajarse. Lo que se debería hacer es incentivar la participación y con estas medidas lo que se hace es desalentar que diferentes cadenas se sumen al programa”, advirtió.

Desde la Secretaría al mando de Matías Tombolini aclararon que los militantes “de ninguna manera son una autoridad de aplicación” porque “el rol del Estado no se puede delegar”. Asimismo, Moyano fue por la misma línea y se defendió de las acusaciones. 

“Han magnificado este episodio. No tenemos el poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen diez camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.