La Cámara Federal de Casación Penal, instancia previa para llegar a la Corte Suprema de Justicia en las causas federales, renovó sus autoridades. Durante el 2023 la presidencia del máximo tribunal penal será llevada a cabo por la jueza Ana María Figueroa, quien interviene en dos expedientes que involucran a la Vicepresidenta, Cristina Kirchner: Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán. La decisión sobre el juicio oral en ambos casos, podría resolverse antes del inicio de la feria judicial.

La Casación Penal tiene dos resoluciones centrales para el futuro judicial de Cristina Kirchner. Se trata de dos expedientes donde se analiza si la vicepresidente debe afrontar el juicio oral o si, por el contrario, se deja firme el sobreseimiento que obtuvo por parte de dos Tribunales que resolvieron sin la realización del debate.

Las investigaciones sobre las que debe resolver la Sala I del máximo tribunal penal integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, aún están en etapa de análisis y los votos de cada uno de los magistrados "están circulando”.

En ese sentido, la circulación entre los diferentes despachos significa que está cerca de saberse la resolución de la Sala. Asimismo, las audiencias para escuchar a todas las partes ya fueron llevadas a cabo y corren los plazos procesales, que en estos casos cuando se trata de expedientes de gran envergadura, se contemplan las prórrogas.

La determinación adoptada para la renovación de las autoridades de la Cámara de Casación, también puede influir en los plazos en los que los magistrados deben pronunciarse sobre los casos Pacto con Irán, como también en Hotesur y Los Sauces.

El 1 de enero, la jueza Figueroa asumira la presidencia de la Casación para el 2023. Eso la obliga a dejar la Sala I, aunque continuará interviniendo en los expedientes que aguardan una resolución, como lo determina el reglamento.

A pesar de ello, por más que asuma la presidencia, ella intervino en las audiencias donde se escucharon a las partes en cada caso, tanto a quienes exigían que los sobreseimientos queden firmes, como las querellas en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que solicitaron que enfrente el juicio. Asimismo, en Hotesur y Los Sauces el fiscal Mario Villar reclamó que la inocencia o culpabilidad de los imputados se dirima en el debate oral.

Ante la renovación de las autoridades, en Comodoro Py no se descartó que las resoluciones puedan darse a conocer antes del inicio de la feria judicial a finales de diciembre.

En ese sentido, algunos magistrados buscan que decisiones determinantes que involucren a Cristina Kirchner no queden incluidas en el calendario electoral que atravesará la política durante el 2023. No se descarta que la decisión de la Sala I del máximo tribunal penal pueda acelerarse.

El caso Hotesur y Los Sauces se centra en las empresas de la familia Kirchner. La primera responde a los negocios hoteleros y la segunda, a operaciones inmobiliarias. Durante la etapa de instrucción y en la correspondiente elevación a juicio oral, se afirmó que las compañías no tuvieron nunca la “verdadera” intención comercial, sino que funcionaron como "pantallas" para efectuar operaciones de lavado de dinero.

Con ese objetivo, el otro punto que se concluyó es que las maniobras de blanqueo se realizaron bajo una misma metodología: la simulación de alquileres, en un caso mediante los hoteles de la familia Kirchner y en el otro, de propiedades que le pertenecen a Los Sauces SA.

En ambos casos participó una misma persona: Lázaro Báez. Con su empresa Valle Mitre SRL, él también contratista estrella del Estado alquiló el hotel Alto Calafate (propiedad de Hotesur). Al mismo tiempo firmó varios contratos de locación con Los Sauces mediante Austral Construcciones, con la que obtuvo 51 licitaciones viales que otro tribunal señaló en la condena, que fue de forma irregular y con sobreprecios.

Teniendo en cuenta que Máximo y Florencia Kirchner se encuentran procesados y enviados a juicio oral, estos dos expedientes son los que más le preocupan a Cristina Kirchner. Además, están incluidos en el sobreseimiento que se encuentra bajo revisión.

En ese sentido, si la Sala I de la Cámara de Casación revoca el sobreseimiento y ordena la realización del debate oral, la vicepresidenta no podrá evitar la que sus hijos se sienten en el banquillo de los acusados.

Por otra parte, el expediente que surgió con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Pacto con Irán, incluye no sólo a Cristina Kirchner sino también a Carlos Zannini, actual Procurador del Tesoro, a Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros imputados.

Fue el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) el que dispuso el sobreseimiento por las acusaciones de encubrimiento agravado del atentado contra la sede de la AMIA, pese a que un año atrás había firmado la resolución que garantizaba la realización del debate oral.

Por último, se realizaron todas las audiencias ante la Sala I del máximo tribunal y se espera la decisión de los magistrados que podrá ser apelada por las partes y finalmente será la Corte Suprema de Justicia la que tenga la palabra final.