El Consejo de la Magistratura se encuentra paralizado hace seis meses, desde la última reunión plenaria, sin que se pudiera votar ningún candidato a juez para cubrir el 25 por ciento de juzgados vacantes en la justicia nacional y federal, y sin que avancen los expedientes disciplinarios y de juicio político contra magistrados investigados por inconductas.

La parálisis del Consejo de la Magistratura tiene sus razones según quien explique: en los tribunales afirman que la política obstaculiza el funcionamiento mediante la disputa por controlar el cuerpo de cara a los próximos cuatro años, a través de planteos judiciales o mediante maniobras que buscaron ventajas para colocar más consejeros senadores o diputados que los que preveía la ley.

En el caso del kirchnerismo señalan como culpable a la Corte por haber anulado la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, como la concibió un proyecto de ley impulsado por Cristina Kirchner en 2006, y ordenar que se volviera al viejo consejo de 20 miembros, dirigido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

En ese sentido, la Corte viene tomando medidas desde que en diciembre del año pasado ordenó en un fallo volver a la vieja ley del Consejo de 1999. Se efectuaron las elecciones de nuevos consejeros y juraron los representantes de los jueces, los abogados y los académicos. 

Además, en otro fallo, señaló al kirchnerismo por elaborar un “ardid” falto de “buena fe” para modificar las reglas e ignorar la representación de las minorías parlamentarias en el Consejo. Finalmente, abordó las medidas que impedían las juras de los diputados. 

Es por ello que los jueces de la Corte aseguraron que tienen el deber de evitar que el Consejo de la Magistratura se paralice y deben propender a que se integre y funcione “en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.

Asimismo, sostuvieron que los consejeros de las distintas áreas tienen el deber constitucional y legal de designar a sus representantes, “y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento” del Consejo. Lo que significa que el deber de la Corte es que el Consejo actúe y que la política no puede evitar el funcionamiento de uno de los organismos de la Constitución.

“Como principio la parálisis del consejo es un tema preocupante. Que el organismo que se tiene que encargar de la administración del Poder Judicial no funcione desde hace seis meses como principio general es preocupante. Los consejeros que intentamos llegar no hemos podido jurar por razones ajenas a nuestra voluntad”, señaló el diputado Álvaro Gonzalez, de Pro.

Por su parte, Cristina Kirchner en nombre del kirchnerismo sostiene que la Corte está extraviada: “Hace seis meses que no pasa nada y es exclusiva responsabilidad de Rosatti, que preside la Consejo y no convocó a sesiones. Rosatti no integró el Consejo y debe resolverlo la Corte”.

La parálisis del cuerpo, motivada por la pelea política, hizo que no se puedan realizar concursos para cubrir cerca de 200 vacantes y que no se avancen asuntos cruciales como la votación del juicio político contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de cobrar coimas a presos y de enriquecimiento ilícito.

La Corte puso en marcha en diciembre del año pasado la vieja ley del Consejo de la Magistratura, con 20 integrantes y presidido por Rosatti, titular de la Corte. La anterior conformación, fue declarada inválida debido a que les daba preeminencia a los estamentos de la política por sobre los jueces, abogados y académicos.

La nueva conformación del Consejo quedó trabada por la política. Los consejeros cumplieron sus mandatos el 18 de noviembre y desde entonces fueron elegidos para el nuevo período 2022-2026 los representantes de los jueces (cuatro), los académicos (dos) y los abogados (cuatro).

La Corte sólo pudo tomar juramento a los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit -responderían al exconsejero Diego Molea-; a los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); a los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). También juró nuevamente Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo y hermano del ministro del Interior, el camporista Eduardo de Pedro.

Pero la Corte objetó que Cristina Kirchner dividiera el bloque del Frente de Todos (de 35 miembros) en el Senado para designar a tres consejeros propios de los cuatro representantes que tiene la Cámara alta. Dos fueron elegidos por la vicepresidenta como senadores de la mayoría (el camporista Mariano Recalde y la kirchnerista María Pilatti de Vergara, que representaban al bloque Nacional y Popular, de 21 miembros) y uno por la segunda minoría (el también camporista Martín Doñate, por el bloque Unidad Ciudadana, de 14 bancas). Solo quedó para la oposición un consejero por la primera minoría, en manos del radicalismo (18 miembros). El senador Luis Juez, de Pro (9 miembros), quedó afuera.

Este miércoles, a las 11, está previsto que juren los consejeros que representan a la Cámara baja: los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por Pro, y Roxana Reyes, por la UCR. Si bien con esos cuatro miembros el Consejo ya contaría con quorum para funcionar, la idea es que sus actividades se reanuden cuando hayan jurado todos los consejeros.