En medio de la sentencia contra Cristina Kirchner por la causa de corrupción en la obra pública y las victorias de la selección en Qatar, la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura no disminuyó en el último mes. 

La decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, de retirar las designaciones de los cuatro legisladores que deben añadirse al organismo, deterioró su vínculo con la oposición y puso en riesgo su reelección al frente de la Cámara. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia ratificó su resolución previa y ordenó la incorporación al Consejo de los cuatro diputados que fueron seleccionados.

Se trata de los oficialistas Rodolfo Tahilade y Vanesa Siley, el legislador del PRO Alvaro González y la radical Roxana Reyes, que fue objetada ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal como representante de la segunda minoría del cuerpo.

En un acordo firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte señaló que "tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica".

Asimismo, el máximo tribunal considera que los distintos estamentos representados en el Consejo tienen el deber de designar a sus respectivos representantes, "y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional".

Luego de ello, los ministros de la Corte consideraron que, así como los presidente de Diputados y el Senado sólo pueden confeccionar y elevar la lista de representantes de cada Cámara al Consejo "previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios", para modificar o retirar la lista deberían acatar las directivas de esas mismas autoridades de bloque.

Esto no sucedió debido al cambio de posición de Moreau en relación a los cuatro diputados que deben incorporarse a la Magistratura, por lo que la última resolución válida en términos legales es la que había oficializado la designación de Siley, Tahilade, González y Reyes.

A pesar de que la decisión de la Corte no condiciona el trámite de los amparos presentados ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para dirimir el caso de Roxana Reyes, el máximo tribunal ratifica y ordena el cumplimiento de su Acordada 31/2022, en la que el mes pasado se había dispuesto el juramento de los diputados y su incorporación al Consejo. Lo que resta es ponerle fecha al acto.

La controversia por los consejeros de diputados encendió un nuevo foco al previo conflicto con sus pares del Senado, que surgió luego de la división del bloque oficialista y la posterior designación de tres senadores del Frente de Todos, dos por la mayoría y uno más por la hipotética segunda minoría, y un radical. El senador Luis Juez, que había sido designado por el PRO como representante del tercer bloque en cantidad de miembros, fue excluido en favor de su colega oficialista Martín Doñate.

La Corte terminó rechazando la maniobra por considerar que la participación del bloque del oficialismo no era más que un "ardid" para quedarse con un consejero más que el que legalmente correspondía.

Debido a que la resolución referida al período de la Magistratura concluyó el 20 de noviembre, y el Frente de Todos la ignoró en la designación de los consejeros para el período 2022-2026: volvió a nominar a Doñate, junto a los oficialistas María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, y el radical Eduardo Vischi. El Juez reiteró su reclamo por su inclusión en la justicia.

Con la resolución unánime de la Corte, los cuatro diputados se sumarán al Consejo, que actualmente sólo tiene doce miembros.