La Fundación Apolo, a través de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunció ante el Consejo de la Magistratura al Juez Juan María Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, al considerar que efectuó comentarios proselitistas que atentaron contra las instituciones democráticas.

En el texto se cuestionan las manifestaciones y publicaciones proselitistas del magistrado, quien convocó a una “pueblada” para presionar al Tribunal que entiende en la causa “Vialidad”, en la que se encuentra procesada Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y denigrando al Poder Judicial.

Durante Noviembre de 2022, el Ramos Padilla realizó y/o difundió manifestaciones que refieren a una “pueblada” contra el “poder judicial mafioso”, al objetivo de lograr que “esta Corte” Suprema se vaya; a la necesidad de “sacar jueces”; a que “los jueces dejen de perseguir”; a que las puebladas son pacíficas, pero el pueblo finalmente “hará sentir su escarmiento”. 

Además, compartió videos de la activista antirrepublicana, Hebe de Bonafini, en los exige “sacar estos jueces de mierda”; refirió a la CSJN como los “cortesanos”; aseguró que la Justicia está perdida porque ha perdido la dignidad y se ha convertido en un “poder hipócrita” que avanza sobre los otros poderes; y que se está “generando violencia”.

Sobre la sentencia a conocerse el próximo 6 de diciembre en la causa “Vialidad”, el juez, desconociendo fundamentos, señaló que una sentencia condenatoria sólo podría dictarse falseando hechos y afirmó que constituirá prevaricato. Añadió que “este Poder Judicial” sólo está para “lastimar el Estado de Derecho”.

De acuerdo a los letrados denunciantes, «es claro su ataque indiscriminado a una institución que desarrolla una función que fundamenta la existencia misma del Estado -la resolución pacífica de controversias regidas por el Derecho- con una vergonzosa omisión intencional de comunicar y considerar las reglas del debido proceso, los presupuestos de imparcialidad de magistrados, y valores de ética en el ejercicio de funciones públicas. Su mensaje incita a prejuzgar, a descartar valores constitucionales sobre la función jurisdiccional, a promover estereotipos de odio sobre la misma, a enfrentar a la sociedad con instituciones diseñadas para proteger sus derechos».

Y agregaron: «Estamos no sólo ante expresiones de carácter proselitista, partidario, inadmisibles en un magistrado, sino también, ante expresiones que promueven la desobediencia a las reglas de la república y la democracia».

Estas expresiones se manifiestan y empalman con actos recientes de desobediencia y cuestionamiento de reglas básicas de una democracia constitucional ocurridos en relación a las designaciones de miembros del Senado y la Cámara de Diputados para desempeñarse ante el Consejo de la Magistratura; y la convocatoria del titular de ATE Capital, Daniel Catalano, a “parar el Estado” por razones partidarias.

A criterio de Fundación Apolo, los dichos de Ramos Padilla incurren en las causales de sanción previstas en el art. 14 de la Ley 24937 del Consejo de la Magistratura (Texto Ordenado por Decreto N° 816/1999, con las modificaciones introducidas posteriormente) que prohíben los «actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo», «faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados», así como la «falta o negligencia en el cumplimiento de … las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional».