El Frente de Todos accedió a llevar a cabo modificaciones solicitadas por la oposición en el proyecto de Presupuesto 2023, enviado por Sergio Massa, que logró emitir dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con la intención de darle la media sanción el próximo martes.

Una de las incorporaciones es un artículo para terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial, designados antes de 2017, para que empiecen a pagar Impuesto a las Ganancias a partir del próximo año. En el debate, la medida sumó la aprobación del radicalismo como de un amplío sector de Juntos por el Cambio.

Además, se incluirá un artículo para cobrar a las obras sociales y prepagas un 15 % sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado al fondo de redistribución, que busca garantizar las prestaciones básicas para sectores de menores recursos.

El jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien presentó la propuesta sostuvo que la medida no debería impactar en las cuotas de los usuarios, pero desde la oposición señalaron que el oficialismo creará un nuevo impuesto.

Asimismo, con respecto al incremento mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el oficialismo confirmó la incorporación de un artículo para establecer una deducción de hasta el 40 % de los gastos educativos que tiene la familia, que incluyen las cuotas de los colegios privados, una propuesta que promovió Emiliano Yacobitti y que promocionó Martín Tetaz, (Evolución Radical).

La intención de la propuesta es que se incluya todos los gastos escolares, desde la cuota del colegio privado, hasta un curso de computación o la compra de un libro. A pesar de ello, esos detalles quedarán establecidos en la reglamentación de la norma. 

En ese sentido, el oficialismo accedió a incorporar la denominada cláusula gatillo y se determinó que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10 % la meta establecida (de 60%) o si los ingresos del sector público están un 10 % por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el Gobierno enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos.

La solicitud debe enviarse durante septiembre, mes en que se presenta el proyecto de Presupuesto para el año siguiente, y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Ejecutivo ampliar el presupuesto por DNU en ese lapso.

Se acordó que las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica, controlarán y garantizarán el cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía.

Los distritos tendrán 6 meses para regularizar las deudas que tienen con la mayorista de electricidad CAMMESA con la posibilidad de acceder a un plan de 96 cuotas mensuales, mientras que la secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito.

En el caso de que las provincias no cumplan con saldar lo adeudado, el ministerio de Economía podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, la suma adeudada por consumos sin afectar la coparticipación federal.

Por último, se avanzó con la prórroga del fondo de compensación del transporte público de pasajeros para el interior que fue elevado de $66.000 millones, que figuraba en el proyecto original, a $85.000 millones como piso.