El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó una audiencia pública, bajo la modalidad virtual, para discutir una suba de 40% de la tarifa del subterráneos, que llevará el valor del pasaje de $30 a $42 y que entraría en vigencia a mediados de septiembre próximo. De acuerdo a fuentes de la administración local la audiencia tendrá como primer expositor a Mauro Alabuenas, presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires.

Se registraron para participar del debate la exlegisladora María José Lubertino; Claudio Dellecarbonara, de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro; y la diputada nacional Myriam Bregman, entre otros.

La audiencia será bajo la modalidad virtual y se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom para los oradores, mientras que se podrá seguir la transmisión en el canal de Youtube del Gobierno porteño que se encarga de difundir este tipo de convocatorias públicas.

La suba de la tarifa fue anunciada el 21 de julio por el Gobierno porteño en relación a la decisión del Ministerio de Transporte nacional de iniciar la instancia de consulta ciudadana para modificar de los cuadros tarifarios de los servicios de trenes y colectivos en el Área Metropolitana. Dicho aumento en las tarifas en colectivos y trenes comenzó a regir el 1 de agosto pasado en el AMBA.

En el caso de que se concrete el incremento del orden del 40% , la tarifa del subte, que actualmente está en $30, pasará a costar $42 desde mediados de septiembre. El último aumento ejecutado fue en abril del 2021, cuando aplicó un suba del 25% y el pasaje pasó de $25,50 a $30.

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo porteño adelantaron que el martes 30 de agosto se hará la audiencia pública por el aumento de más del 50% de la tarifa de los taxis, que se efectivizará en dos tramos en los meses de septiembre y noviembre.

Asimismo, según la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella” por lo que “las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante”.