El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión para Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

El fiscal afirmó que “Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, finalizó.

Luiciani tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Además, ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.

El fiscal dijo que se deben incautar 5321 millones de pesos, “el instrumento del delito”, por el que deberán responder todos los acusados, prorrateado y de manera solidaria. Incluidos bienes, empresas, cuentas bancarias y objetos como vehículos usados para cometer el delito. Todo esos bienes solicitó decomisarlos en todas la sociedades investigadas.

Se trata de los bienes de las empresas que conformaban el grupo Báez y que fueron adquiridos durante la investigación. Por ese motivo, solicitó que se decomise los bienes de Lázaro Báez sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, así como sus empresas. Dijo que no se justifican sin los ingresos de la actividad delictiva, especialmente en el caso del hijo mayor, Martín Báez.

El decomiso pude recaer en productos por lo que el instrumento del delito haya sido reemplazado. Se pidió por eso decomisar las estancias de Báez: La Verdadera Argentina, Cruz Aique, El Rincón, La Santafesina, El Campamento, Los Baguales, Manantial Alto, La Porteña, Río Bote, Río Orli, Laguna Asador, Los Grises.

Entendió que el destino de estos bienes debe tener una “real función social”, porque la “corrupción tiene consecuencias patrimoniales tangibles pero afectan los sistemas democráticos, debilitan al sistema político en un todo”. Luciani señaló que los bienes decomisados deben ser ingresados a la cuenta abiertas a nombre del tribunal. En caso de dictarse una condena, deben entregarse los bienes a instituciones de bien público para compensar el perjuicio ocasionado. El fiscal dijo que quiere que el dinero se mantenga a la orden del tribunal y se destine a cubrir necesidades sanitarias, educativas o de infraestructura, previa vista a la fiscalía.

“La sociedad al elegir sus representantes, alberga la esperanza de que los resultados de la actividad administrativa sean de calidad, que mejoren su condición de vida. Al evidenciarse un acto de corrupción, se desarrolla una actitud de desconfianza contra os gobernantes, el Estado y el sistema democrático en sí mismo”, consideró. Y citó a la Corte cuando dijo que la corrupción “degrada las instituciones del país”.

Luciani pidió investigar a las empresas Persen, Esuco y Equimac por la presentación en licitaciones para “simular” la existencia de competencia en la licitaciones. Pidió abrir una causa para investigar a un funcionario, extitular del registro de constructores, de la inspectora de obra Paola Kierman de Santa Cruz.

Pidió extraer testimonios referido a la construcción del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos y los mensajes que surgen del teléfono de José López, que involucran a Máximo Kirchner, entre otros.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.