En su octava jornada de alegatos los fiscales del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, continúa centrada en la fundamentación que entre los años 2003 y 2015 se benefició al contratista Lázaro Báez en lo que denominaron como "la corrupción más grande" del país.

"Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron", resaltó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con Néstor y Cristina Kirchner.

Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran "contratistas contratantes, una misma parte". En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con el aparente  direccionamiento de 51 obras públicas viales en Santa Cruz.

Sobre el segundo tramo del alegato de Luciani, el fiscal detalló las adquisiciones de campos y estancias del grupo Báez y añadió que, en la provincia de Santa Cruz, se adquirieron 415 mil hectáreas y cerca de 300 propiedades en todo el país, asumiendo que el patrimonio se financió con dinero ilícito.

Más tarde habló el fiscal Sergio Mola, quien en principio se centró en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la persecución política que se aplica a través de este proceso penal.

"El 'lawfare' como construcción jurídica no existe; el 'lawfare' no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción", indicó Mola.

Esta es la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya anticiparon que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando concluyan los alegatos de las fiscalía, los abogados defensores buscarán emplear a su favor lo ocurrido durante el juicio que desarrolla más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.