El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 comenzó la séptima jornada de los alegatos de la fiscalía en el juicio conocido como “Obra Pública” que investiga supuestas discrecionalidades en la concesión de obras en la provincia de Santa Cruz.

La presentación es encabezada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes en las jornadas anteriores afirmaron tener pruebas de que los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner beneficiaron al empresario Lázaro Báez con preferencias en el otorgamiento de licitaciones para obras.

En ese sentido, en el primer tramo de la exposición, Luciani consideró el proceso de control de la obra pública en la provincia de Santa Cruz como una “mala praxis institucional histórica”.

Por su parte, Luciani afirmó ante el tribunal que "contrariamente a lo afirmado por Cristina Fernández de Kirchner, las obras públicas no fueron resorte exclusivo del Poder Legislativo entre los años 2004 y 2015, muy por el contrario, el Poder Ejecutivo concentró y monopolizó gran parte de las decisiones vinculadas a esta relevante actividad pública y llego al punto de vulnerar algunas normas".

La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, recursó la semana pasada a los fiscales Luciani y Mola y también al juez Jorge Gorini, a los primeros por cercanía con la gestión de Mauricio Macri y al último por haber visitado la Casa Rosada durante el período 2015-2019.

A fines de la semana pasada, el tribunal rechazó los pedidos de recusación, que la defensa de la Vicepresidenta prometió apelar, y dispuso que se continúe con el proceso y con la exposición del Ministerio Público.

Por otro lado, Mola sostuvo que consideran probado un "modelo de corrupción generalizada", con eje en los "organismos de control" como planteó Luciani al abrir la séptima jornada del alegato.

Mola aseguró que "organizaron las maniobras para que parecieran actos administrativos cumplidos".

"En los 12 años (de gestión kirchnerista) no se designó en el organismo vial provincial, al órgano encargado de realizar la tarea de control, al síndico de la AGVP (Administración General De Vialidad Provincial), ni al titular ni al suplente", señaló Mola y detalló que “pasaron cuatro gobernadores y podría decir cinco si incluímos también a Néstor Kirchner: era claro que no había ninguna intención de controlar".

Por último, manifestó que "en la AFIP hemos observado un ejercicio abusivo de poder en el desplazamiento de cargos, en la degradación administrativa, en la asignación de tareas meramente administrativas, en desmedro de funciones operativas e investigativas para las que estaban especialmente capacitados".