Por unanimidad, la Sala I de la Cámara federal porteña le ordenó a la jueza María Servini que reabra el expediente donde se investigaba el ataque de la agrupación Montoneros al comedor de la Policía Federal el 2 de julio de 1976. La Cámara declaró la nulidad de la resolución donde los acusados habían sido sobreseídos, entre ellos Horacio Verbitsky y Mario Firmenich.

Los camaristas solicitaron que se analice si corresponde encuadrar los hechos como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o en su caso resolver si inicia un juicio de la verdad para dar respuesta a los familiares de las víctimas.

La causa se centró en el hecho del 2 de julio de 1976, a las 13.20, cuando colocaron un artefacto explosivo e hicieron explotar el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal.

El atentado provocó la muerte de 24 personas y 60 resultaron heridas. La investigación señaló  como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que integraron la Organización Montoneros.

Asimismo, de acuerdo a fuentes judiciales indicaron que se está ante un caso "emblemático, es el atentado con consecuencias humanas más graves de la historia, antes del caso AMIA en el país".

En ese sentido, los jueces contemplaron que el atentado al comedor de la Policía Federal "los objetivos no fueron militares, sino población civil" y que por eso es posible que el caso se aborde como un "grave atentado", equiparable a los delitos de lesa humanidad.

Previamente, la jueza Servini rechazó una serie de planteos de quienes pedían ser querellantes, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica” y Eduardo Emilio Kalinec junto a Alicia de León por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo, bajo la condición de víctimas directas.

Puntualmente, el pedido puntual era la reapertura de la investigación y juzgamiento de los responsables de los hechos denunciados en esta causa. A su vez requerían ser tenidos como parte querellante en la investigación. Ante la negativa de la jueza acudieron a la Cámara Federal porteña.

En una resolución, los jueces Mariano Llores Pablo Bertuzzi y Leopoldpo Bruglia, ordenaron reabrir la investigación luego de anular la resolución de la jueza Servini.

A la jueza se le requirió que aborde los planteos que no analizó y que, además, determine si corresponde que los hechos de este expediente los acusados deben ser encuadrados como crímenes de lesa humanidad, o en su defecto como crímenes de guerra. Los camaristas indicaron que también debe determinarse si corresponde comenzar un juicio de la verdad para dar respuesta a los familiares de las víctimas.

"La omisión de valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso, que podrían vincularse estrechamente con lo que ha sido materia de decisión, es causal de descalificación del acto", sostuvieron los jueces.

Además aseguraron que la decisión de Servini "no ha ponderado todas las aristas que se desprenden de la impugnación formulada y que pueden estar relacionadas con la pesquisa", por lo que le ordenaron volver a analizar el caso.

Con respecto a ello los jueces entendieron que no se consideró "el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas", es decir que "el fallo desecha in limine la hipótesis delictiva remitiéndose a lo dispuesto en resoluciones anteriores adoptadas en las actuaciones".

Por último, los integrantes de la Sala I indicaron que la magistrada no pudo evaluar "lo requerido por la parte conforme las aristas que el caso proyecta",  debido a "los nuevos elementos propuestos".