El Municipio de La Matanza llevará a cabo una presentación judicial contra la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una "deuda histórica millonaria" que ascendería a más de 100 mil millones de pesos. Éste medio intentó comunicarse con el equipo de Fernando Espinoza, quien dirige la comuna del municipio bonaerense, pero no obtuvo respuesta

La suma es​ en base a "tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano" por "una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación" dentro del Partido de La Matanza.

El equipo jurídico que asesora a la Comuna señaló esa "deuda histórica" que inició en las relocaciones de las villas porteñas efectuadas por los gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a la Nación.

Desde la comuna sostienen que se recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal, que aún estaba en la órbita del Estado nacional porque no era autónoma, y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que "nunca se pagaron las tasas municipales".

El distrito gobernado por el intendente peronista Fernando Espinoza, le solicita a la Ciudad, administrada por Horacio Rodríguez Larreta, una "deuda por 20 mil millones de pesos en tasas municipales no pagadas".

"Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres", afirmaron desde el Municipio.

Los asesores legales validaron el reclamo en el concepto de "continuidad jurídica" que tiene la Ciudad y, por lo tanto, la "deuda crece día a día" y demuestra que "el centralismo está lleno de falta de solidaridad social y de privilegios".

Por otra parte, en la demanda se refieren "cálculos de ambientalistas y urbanistas, en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo regido por sus circunstancias", que establecen en "al menos 100 mil millones de pesos el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero".

El Poder Ejecutivo municipal mencionó que "hace casi un año hubo una reunión entre el Gobierno nacional, representado por Gustavo Beliz, autoridades eclesiásticas, el Gobierno porteño y La Matanza" por este tema, pero "no hubo avances".

La difusión de la denuncia que realizará la Comuna se hizo varias semanas después de que, desde la oposición de Cambiemos, denunciaran públicamente y en la Justicia al INDEC por una supuesta adulteración de las planillas del censo nacional de población de 2010 en La Matanza.

La supuesta manipulación en la encuesta que señaló el diputado nacional por la Ciudad, Martín Tetaz, respondería a una intención de incrementar artificialmente la cantidad de habitantes del partido para obtener más fondos de la coparticipación.

En base a un repaso histórico que llevaron a cabo desde el Municipio, sostienen que la Ciudad desplazó a los habitantes de sus asentamientos hacia precarias viviendas construidas con "carácter transitorio" en terrenos de su propiedad en suelo matancero, denominados "Núcleos Habitacionales Transitorios".

"La transitoriedad hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno", señalaron desde la Comuna.

También indicaron que "por ser transitorios, esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término y se violaron normas socioambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y la inevitable generación de conductas masivas anómicas, creando un clima similar al de los campamentos de refugiados".

"Lo que sucedió fue casi una deportación. La permanencia de una injusticia no la transforma en otra cosa: sigue siendo una injusticia", sostienen desde el Municipio. Desde La Matanza añadieron que "desde que la Ciudad fue autónoma, sus Gobiernos locales miraron para otro lado cuando se les reclamó esa deuda".

"La ciudad más rica del país se niega a pagar las deudas que tiene con un municipio cuyo presupuesto es casi 40 veces menor y elude asumir el costo socioambiental que provocó la apresurada e insensible mudanza obligada y llena de mentiras para sus vecinos pobres del sur", concluyeron.