Luego de que el fiscal aceptara el ofrecimiento de 1,6 millones de pesos por parte del presidente Alberto Fernández en la causa por la fiesta en la Quinta de Olivos, el juez Lino Mirabelli homologó el acuerdo y el jefe de estado deberá enviar la suma al Instituto Malbrán. La misma suerte correrá la primera dama, Fabiola Yañez, que había ofrecido 1,4 millones de pesos.

Referentes de Republicanos Unidos repudiaron de forma vehemente la resolución del juez. El presidente del espacio en CABA, Yamil Santoro, aseguró que “el presidente tuvo una actitud ilegal” y que el juez Mirabelli era “el último garante para que se respetara la juridicidad del proceso. Lo que correspondía es que Fernández terminara procesado y condenado”. 

No obstante, agregó que “le daremos batalla a esta injusticia hasta las últimas consecuencias jurídicas”, al tiempo que adelantó: “Vamos a agotar todas las vías legales para enfrentar esta aberración jurídica”.

Sobre la negativa de incorporar como querellante a los padres de Solange Musse y a la Fundación Apolo, Santoró observó que "demuestra una intención de clausurar la posibilidad de que haya Justicia. Necesitamos más ojos y más manos trabajando para que no se cometan abusos jurídicos. Todo esto lejos de garantizar la Justicia ayuda a consagrar la impunidad".

Por su parte, el diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, sostuvo que el mandatario actuó “al servicio de la impunidad. Nunca burlarse de los 47 millones de argentinos fue tan barato”.