El Gobierno argentino tomó la decisión de que los trabajadores del Estado retomen la presencialidad plena en las diferentes dependencias públicas ubicadas en todo el país. A pesar de que la medida impulsada por la Secretaría de Gestión y Empleo de la Nación se implementará de manera progresiva, todos los empleados públicos argentinos deberán retomar sus puestos antes del próximo 1° de mayo.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 58/2022 publicada en el Boletín Oficial, en la que se explica que "antes del 1º de mayo de 2022 cada Jurisdicción, Organismo y Entidad de la Administrción Pública Nacional contempladas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorios, deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios".

La Resolución detalla que "quedan exceptuadas de la obligación de prestar servicios presencialmente, debiendo presentar la documentación médica que acredite la pertenencia al grupo de riesgo correspondiente". Además, destaca que las entidades públicas deberán cumplir con todos los parámetros sanitarios vigentes, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación.

En ese sentido, según establece la medida, aquellas y aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de COVID-19 que no hayan requerido internación "podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta según los criterios establecidos por el Ministerio de Salud".

Además, se especificó que se les solicitará a los trabajadores y trabajadoras el Certificado de Vacunación, al cual podrán acceder desde la aplicación "Mi Argentina". Asimismo, sostuvieron que "aquellas personas que hayan optado por no inocularse recibirán asesoramiento del Departamento de Sanidad, o su equivalente en cada Organismo, a fin de obtener información sobre las ventajas y posibles desventajas de la vacunación en su caso puntual".

"Deberán cumplir con sus prestaciones en la modalidad de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto Nº 260/20 y sus modificatorios, y firmar un consentimiento informado, con carácter de Declaración Jurada, expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación", esto se explica en la resolución con respecto a los empleados estatales que continúan con la decisión de no vacunarse.

Por lo tanto, informaron que a partir de este consentimiento informado "asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten, y que se comprometen a tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran".