El juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, dio a conocer los motivos por los que decidió continuar con la prohibición para la circulación de los trenes en el tramo Cañuelas- Bahía Blanca y las razones que lo llevaron a interrumpir la inhabilitación en el sector Constitución- Cañuelas.

El escrito dejó interrogantes sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por parte de las empresas a cargo de las concesiones, pero no da por hecho que hayan sido la causa principal del siniestro, considerando que están a la espera de pericias más concluyentes.

A través de la resolución, el Juez efectuó un análisis sobre las diligencias y medidas de prueba adoptadas luego del descarrilamiento de una formación de Trenes Argentinos, ocurrido durante la madrugada del 8 de marzo en cercanías a la Estación Pourtalé.

En el informe, se señalan “posibles problemas en la infraestructura ferroviaria” en base a las conclusiones preliminares de las pericias e inspecciones oculares realizadas por la Policía Científica. Uno de los datos más significativos surgió a partir de la inspección ocular de la red ferroviaria.

En la sección resolutiva del documento, el juez afirma en que “en el tramo comprometido, las pericias realizadas indicaron algunos posibles problemas en la infraestructura ferroviaria, al menos en las inmediaciones de la estación Pourtalé”.

Entre ellas, detalla “la existencia de durmientes en mal estado (astillado, quebrado y putrefacto) y clavos de fijación/sujeción libres y/o faltantes” aunque advierte que ello “no significa necesariamente que esa fue la causa del siniestro”.

En ese sentido, indica que “se están investigando todos los aspectos del caso (estado del equipo, red, velocidad de circulación, conducta de la tripulación, situación climatológica, suelo, etc.); pero tales datos sembraron fundadas y serias dudas sobra la seguridad de las vías. Máxime, después del descarrilamiento”.

En la actualidad, el ramal del tramo Constitución- Bahía Blanca está gestionado por tres empresas. SOFSE (Trenes Argentinos) se encarga del trayecto Constitución hasta Cañuelas. Ferrosur Roca, del recorrido Cañuelas hasta Olavarría y Ferroexpreso Pampeano, desde Olavarría hasta Bahía Blanca (zona del descarrilamiento).

Por otro lado, en el caso de Ferroexpreso Pampeano, se le extendió la continuidad de la concesión “hasta el 30 de junio de 2022, indicando que esa prestación se efectuará “con carácter precario y podrá ser revocada”. Durante ese término, el operador debe prestar el servicio y cumplir con las demás obligaciones.

En ese sentido, la Justicia solicitó informes a las tres prestadoras del ramal. Únicamente, la empresa SOFSE “ha garantizado el estado del tramo correspondiente, que involucra Constitución – Cañuelas” y por ese motivo el juez federal dispuso el elevamiento de la medida cautelar en el trayecto.

Finalmente, desde Ferro Expreso Pampeano se informó que la última inspección en la zona del siniestro “la efectuó una cuadrilla, el día 3 de marzo de 2022" y explicaron que de “dicha inspección no surgieron novedades ni modificaciones a las velocidades establecidas” (cuyo máximo, en el lugar del siniestro, se había establecido en 80 km/h).

La concesionaria añadió que la cuadrilla pasó en otras dos oportunidades y que el día 7 de marzo “circuló otra formación sin que se reportara ningún inconveniente" y que entre el “último patrullaje” del 3 de marzo y la fecha del siniestro, circularon tres formaciones de pasajeros y ninguno de cargas.

Asimismo, la CNRT admitió que la última inspección realizada “previa a las limitaciones de movilidad impuestas por la Pandemia de COVD19 fue “a mediados de 2018”.

La justicia hizo lugar a un pedido de la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) de Trenes Argentinos que reclamó “la realización de una evaluación pericial del estado de la vía en las zonas de circulación del tren de pasajeros entre las estaciones de Plaza Constitución y Bahía Blanca, en especial las que se encuentran en el tramo Olavarría – Bahía Blanca a cargo de Ferroexpreso Pampeano S.A.”.

En sus fundamentos, Trenes Argentinos explicó “las recorridas informales efectuadas a pie por nuestro personal por la zona de vía aledaña al siniestro” en las que “se verificó la existencia de fijaciones flojas o inexistentes, problemas en durmientes y otro tipo de deficiencias; así como los movimientos axiales que pueden observarse del visionado de los registros fílmicos extraídos de la locomotora A908 al atravesar la zona del accidente la noche anterior, datos que, en principio, hacen que resulte necesario llevar a cabo una inspección más profunda”.

A partir del material recolectado, las autoridades judiciales consideraron que “la empresa Ferroexpreso Pampeano no ha brindado respuesta a los requerimientos formulados al disponerse la medida cautelar”.

Por su lado, “la CNRT tampoco se ha pronunciado acerca de la seguridad de la red ferroviaria, en sentido concreto y específico”.

Por último, el Juez Gabriel Di Giulio, insiste en que la medida cautelar tiene el único propósito de “garantizar la integridad física y seguridad de las personas” y agrega que “si las empresas concesionarias o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte certifican el estado de la red ferroviaria garantizando su seguridad, la medida cautelar se dejará sin efecto inmediatamente”.