El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quedó en medio de una disputa entre los intendentes y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, por la gestión de la policía. La tensión incluye a los miembros del oficialismo: la discusión por el manejo de los fondos y la responsabilidad de mando en la fuerza de seguridad en cada distrito es transversal.  

La pelea entre Berni y el jefe comunal de San Nicolás, Manuel Passaglia, por el arreglo de patrulleros fue una muestra de la pulseada que mantiene el Poder Ejecutivo bonaerense con cada uno de los 135 municipios por el control de la seguridad.

Este año, Seguridad cuenta con un presupuesto de 47.000 millones de pesos, de los cuales 7000 millones son administrados por los municipios. Considerado poco por los intendentes, que buscan transferencias de recursos para administrar las policías locales.

La fuerza de seguridad más grande del país tiene 94.700 efectivos. De estos, 43.000 están asignados a tareas de seguridad, con 5000 patrulleros. El personal es administrado por Berni, pero los intendentes entienden que no funciona bien.

Los alcaldes no quieren que Berni disponga cuándo y cómo reparará sus patrulleros. Esperan el manejo total de las policías locales y disponer de los recursos.  

Asimismo, varios distritos evalúan cerrar calles periféricas de los municipios para evitar la fuga de delincuentes. La idea se debate entre alcaldes de la zona oeste del Gran Buenos Aires que analizan cerrar las calles locales que comunican con las vías de escape de autopistas o autovías rápidas, en especial en la noche. 

El debate se canaliza en conversaciones privadas entre los intendentes de Ituzaingó, Moreno y Morón, del Frente de Todos, y San Miguel, de Juntos por el Cambio. Ituzaingó y Morón avanzan en este proyecto para enviar una ordenanza a sus concejos deliberantes.

Las “barricadas” entre distritos se multiplicaron durante el comienzo de la pandemia, pero para restringir la circulación más que para prevenir el delito. En muchos casos, fueron decisiones unilaterales. En otros distritos, como San Isidro, existen cortes contra los robos impulsados por los vecinos y tolerados por los municipios. Actualmente, lo que los intendentes discuten son cierres de calles coordinados y respaldados por sus concejos.

El debate llega mientras Kicillof demora una respuesta sobre las policías locales que exigen los funcionarios. Estas policías se crearon durante el gobierno de Daniel Scioli: eran cuerpos diferenciados del bonaerense, con uniforme celeste y otra estructura de mando, pero dependían de la provincia.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, el ministro Cristian Ritondo los cuestionó por ser “un ejército al servicio de los intendentes para negocios espurios”. Pero aun así los mantuvo. El grado de articulación de estas fuerzas con los municipios depende del entendimiento político entre la provincia y cada intendente.

Finalmente, luego de la llegada de Kicillof, este cuerpo se terminó de fusionar con la policía bonaerense. Los intendentes esperaban lo contrario.

“Le hemos pedido al gobernador Kicillof mayor autonomía para gestionar las policías locales: hoy si bien tenemos posibilidad de coordinar su despliegue, no tenemos poder para sancionar o trasladar efectivos. No tenemos poder de mando”, afirmó Lucas Ghi, intendente de Morón.

“Durante el gobierno de Vidal todos los alcaldes peronistas del Gran Buenos Aires firmamos un proyecto de ley para tener control de las policías locales. Se lo pedimos también al gobernador Kicillof cuando asumió. Es un reclamo de los vecinos a nosotros”, aseguró Alberto Descalzo, de Ituzaingó. 

“Nosotros queremos ser los responsables, pero con fondos provinciales, porque nosotros no podemos. Ahora el intendente no tiene poder, pero es el que da la cara ante los vecinos”, manifestó Descalzo. “Yo no veo que prospere: Berni no está de acuerdo”, señaló un tercer intendente peronista.

Gran parte de los 60 alcaldes peronistas quieren hacerse cargo de la policía local. Los intendentes opositores de Lanús, Néstor Grindetti, y de La Plata, Julio Garro, se manifestaron en el mismo sentido.

Aún existen formalmente por el decreto 373/14 de Scioli, que buscaba compensar a los distritos del conurbano por quedar fuera de una ley que creó las policías comunales para el interior de la provincia. Las policías locales están pensadas para distritos de más de 70.000 habitantes, pero en la práctica tienen el mismo régimen que la policía provincial. Los alcaldes no manejan sus recursos ni sus designaciones. Pero pueden aportar recursos para financiarlas, la mayoría con el combustible de los patrulleros.

Berni respondió a los reclamos de los intendentes a favor de las policías locales: “Soy el principal abanderado de la necesidad de que las policías locales sean una herramienta más de las políticas municipales. En la ley, el intendente es quien genera los planes de seguridad. Estamos en esa transición y ojalá se cumpla lo antes posible”, sostuvo.

“Me hubiera gustado dar esta discusión seis años atrás, cuando comenzó a funcionar la policía local, pero la miseria política siempre está por encima del bien común y es entonces cuando salen los intendentes de la oposición a manifestarse como si ellos durante cuatro años no hubieran sido gobierno”, añadió Berni.

Por otro lado, en el interior de la provincia existen las policías comunales, reguladas por la ley 13.482 para distritos de menos de 70.000 habitantes. Pero estas policías mantienen su dependencia de recursos del Ministerio de Seguridad. Los intendentes tienen algo más de participación que en las policías locales, ya que pueden generar y promover planes de seguridad. Pero no disponen de la administración de recursos, ya que dependen de las partidas del Poder Ejecutivo de la provincia.

El gobierno de Kicillof trabaja en una nueva ley de las policías locales. Pero la centralidad de mando y de recursos por ahora está fuera de discusión.