El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá reintegrar a los docentes los montos descontados cuando los afiliados al gremio ADEMyS rechazaron el regreso a la presencialidad, en abril de 2021 durante la cuarentena producto de la pandemia de coronavirus.

La Corte Suprema rechazó el recurso planteado por la administración porteña, representada por el abogado Guillermo Baccarelli, contra sendos fallos dictados en primera instancia y Cámara de la Justicia en lo laboral.

Por lo tanto, el Gobierno porteño deberá proceder al "reintegro de los fondos descontados a los docentes en concepto de 'días de huelga' durante el mes de abril del 2021" y, además, deberá abstenerse "de efectuar deducciones salariales por idénticas razones, respecto del salario del mes de mayo".

La decisión quedó firme debido a que el Gobierno de la Ciudad se demoró en la presentación de una documentación que la Corte le exigía para revisar el expediente y, cuando lo hizo, se habían vencido los plazos procesales.

La Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS) reclamó contra los descuentos argumentando que "resulta un hecho incontrastable, público y notorio, la situación de crisis sanitaria, laboral y económica que se ha producido a partir de la declaración de pandemia comunicada por la OMS, a inicios del año 2020, como también lo son las consecuencias que dicha circunstancia ha provocado, con el innegable impacto que de ello se ha suscitado en el ámbito laboral, económico y social".

El fallo que hizo lugar al reclamo señala que "la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo".  Tanto la jueza de primera instancia, Laura Castagnino, como los camaristas Roberto Pompa y Álvaro Balestrini, coincidieron en avalar el planteo de los trabajadores.

El Gobierno porteño había objetado no sólo el contenido de la medida cautelar sino que también solicitó que fuera declarada nula porque consideran que el expediente debió haber tramitado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario local.

El fallo, que quedó firme por decisión de la Corte, explica que sólo se vincula con la medida cautelar que obliga a la restitución del dinero descontado como medida provisoria y "no importa un pronunciamiento definitivo sobre la pretensión que subyace y lleva ínsita la evaluación de peligro de permanencia de la situación actual".