El Presidente de la nación aseguró que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional incluye sólo una revisión de "los regímenes especiales de privilegio", centrada en "embajadores y jueces". Por su parte, el ministro de economía, Martín Guzmán, señaló que "no habrá ninguna reforma jubilatoria”. 

"La diferencia es muy grande y no es para docentes", sostuvo el mandatario.

En el texto que será enviado al Congreso, "de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero creo que deberíamos avanzar más. Lo mismo con los embajadores", señaló Fernández. 

Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió la información publicada por el diario Clarín, que indica que las revisiones se realizarían sobre el sector de docentes de los distintos niveles.

“No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas”, garantizó Gezmán.

No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) February 21, 2022

La administración del Frente de Todos “mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, detalló a través de Twitter.

Además, con respecto al acuerdo, bajo la categoría "otros gastos pendientes", el Gobierno planteó la necesidad de racionalizar erogaciones con el objetivo de liberar recursos para usos prioritarios.  

Se pretende "limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad".  

En el texto, el gobierno se compromete a avanzar con leyes de promoción de inversiones para la agroindustria, hidrocarburos y automotrices con modificaciones en Defensa de la Competencia, el régimen penal cambiario y la normativa contra el lavado de activos.

En relación a la “política monetaria y cambiaria”, el Poder Ejecutivo se comprometió a mejorar el marco de sanciones con la autorización de multas administrativas "para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control".

"La propuesta de modificación al régimen penal cambiario se presentará al Congreso a más tardar en diciembre de 2022. Además, se examinará la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina", se lee en el escrito.

El preacuerdo prevé el trabajo en conjunto con el Banco Mundial, el BID y el FMI. Como en la década del 1990, la "ayuda social focalizada" estará bajo análisis en conjunto con los "bancos de desarrollo".

En el borrador, el Gobierno también se comprometió a modificar la legislación vinculada al lavado de activos por lo que se pondría foco en el fortalecimiento del régimen sancionatorio. También en el registro de las entidades declarantes sujetas a las obligaciones de las normas antilavado.

El compromiso es presentar los cambios normativos en abril de este año para que puedan ser analizados durante el período de sesiones ordinarias.