

La declaración del presidente Alberto Fernández como testigo en la causa de la obra pública que tiene como principales acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez produjo un cruce entre el mandatario y el fiscal del caso Diego Luciani.
El defensor público presentó una planilla de un anexo de la Ley de Presupuesto en la que se percibía una diferencia de fondos entre la adjudicación de una obra vial en la Ruta N° 288 en el tramo La Julia y Tres Lagos, y el monto total final que se otorgó para que se desarrollara el proyecto.
Según la planilla que presentó el fiscal, se puede advertir un sobrante de 75 millones de pesos. Luciani le consultó a Fernández, quien declaró como testigo por haber sido jefe de gabinete en ese momento, si conocía o poseía información para complementar y si la obra ya había sido adjudicada o estaba en proceso de adjudicación.
“Doctor (en referencia a Luciani) me da la impresión de que usted no me escuchó bien antes”, señaló el presidente, quien además aclaró en reiteradas oportunidades que no recordaba cada una de las obras que incluían los proyectos de Presupuesto.
El fiscal afirmó que lo escuchó durante su declaración e insistió con su pregunta. A lo que Fernández respondió: “Ah pero entonces tiene un problema de comprensión”.
“No me falte el respeto, Doctor”, expresó Luciani frente a los dichos del mandatario, que fueron considerados “fuera de lugar”.
En un intento de reconducir la declaración, el juez Jorge Gorini interrumpió la disputa, tomó la palabra y reformuló la pregunta. “Acá hay una inquietud en particular sobre una columna que integra un anexo de la ley de presupuesto y la intención era que aclare a partir de la lectura de esa información, respecto de esa obra”, sostuvo el magistrado.
“De ningún modo quise faltarle el respeto, quise ser descriptivo. Esto lo que dice es en una planilla recursos que se destinan a una obra. ¿Qué pretende que le diga? No tengo la menor idea. Me podría preguntar por todas las otras, tampoco tengo la menor idea”, respondió Fernández.
En la planilla se informa un importe de 150 millones de pesos mientras que la adjudicación, que fue en marzo del 2007, con anterioridad, fue de 225 millones de pesos. Lo que muestra un sobrante de 75 millones de pesos. “¿Cómo es posible que esto suceda?”, insistió Luciani.
Asimismo, los abogados de las partes involucradas objetaron la repregunta del fiscal y el juez consideró que el testigo se pronunció por el desconocimiento de la totalidad de las obras que integraban ese listado y que “la interpretación de la planilla correrá por una cuestión de valoración de cada uno”.
“La pregunta es para conocer la verdad de los hechos”, indicó el fiscal y ratificó que “en esa planilla dice que en el Presupuesto se autorizó un gasto de 150 millones de pesos y esa obra ya había sido adjudicada a 225 millones de pesos. Lo que tenemos es un sobrante de 75 millones de pesos que es posible que el testigo conozca sobre esto o no. Si dice que no lo conoce, se terminó. La pregunta es conducente porque hace al descubrimiento de la verdad”
Los miembros del Tribunal se retiraron a deliberar y finalmente resolvieron (por mayoría) hacer lugar a la pregunta y el Presidente debió responder: “No tengo idea y no es tan simple de analizar. No tenía presente ninguna de las obras, no sé qué pasó después. Puede haber distintas explicaciones”.
El fiscal insistió: “¿Podrá dar alguna de esas explicaciones?
“No puedo explicar algo que no conozco”, respondió Fernández.