La polémica por el pedido del pase sanitario para ciertos ambientes cerrados continúa y, en las últimas horas, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución en la que impulsa que no sea exigido en el partido de Bahía Blanca. El proyecto fue presentado por el bloque de Avanza Libertad, y apoyado por el oficialismo. 

A pesar de ello, el gobierno de la provincia de Buenos Aires podrá seguir exigiéndolo, teniendo en cuenta que ni el Poder Ejecutivo municipal ni el cuerpo deliberativo local puede modificar el decreto firmado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el que se plantea la obligatoriedad de mostrar la documentación que acredite la vacunación completa contra el coronavirus para ciertas actividades.

Las autoridades del Concejo admitieron que el proyecto solo invita a no solicitar el pase: “Nosotros no podemos reglamentar sobre jurisdicciones provinciales o nacionales”.

Además, pide al Ejecutivo municipal que no se asignen partidas monetarias, y/o personal al control del cumplimiento del pedido obligatorio del pase sanitario y que las autoridades locales de organismos públicos provinciales, municipales y empresas privadas no reclamen el cumplimiento de esa medida sanitaria a quienes ingresen en los establecimientos en que se exige el pase.

El autor del proyecto, Martín Barrionuevo, detalló que “lo que se aprobó no fue una ordenanza, por lo que no tiene fuerza de ley local. Lo que se declara desde el Concejo es la no obligatoriedad, pero es una resolución. Una declaración desde el Concejo”.

Asimismo, Valeria Rodríguez, escribió en sus redes sociales que “los derechos constitucionales no son materia interpretativa. Independientemente de que la vacuna minimice el cuadro infeccioso del Virus Covid-19, no es obligatoria (además de que es una vacuna en fase experimental), no pueden implementar la obligatoriedad de mostrar tener algo que no es obligatorio. El pase es inconstitucional. No es una medida sanitaria, es una intención de control social inyectando miedo, no defensas. Inyectando debilidad y dependencia”.

Por otro lado, la Cámara Federal de La Plata confirmó el pasado 27 de enero el rechazó del juez federal de primera instancia, Ernesto Kreplak, a una acción de hábeas corpus promovida contra el denominado “pase sanitario nacional”, dispuesto por una decisión administrativa de la jefatura de Gabinete de Ministros.

En la resolución judicial, dictada por los camaristas Roberto Lemos Arias y César Álvarez, por la secretaría de la doctora Justina Gisande, explican que este expediente se inicia a partir de la presentación llevada a cabo por G. A. S. y A. E. S. G., con el propósito de “evitar turbaciones actuales, inminentes y futuras, y privaciones ilegítimas de la libertad en nuestra persona”.

También señala que los accionantes habían denunciado “la afectación grave de la libertad y la vulneración de derechos y garantías constitucionales ocasionadas por la Decisión Administrativa, a la que adhirió el gobierno bonaerense, que impone “el denominado ´pase libre COVID 19´, porque dichas normativas constituyen una “inminente lesión en los derechos invocados, en particular la turbación de nuestra libertad, la cual se encuentra limitada y restringida, en casi todos los actos de la vida civil y cotidiana”.

“Concretamente, habían explicado que  se les negó el ingreso al Banco Credicoop, a la Municipalidad de La Plata, al Registro de la Propiedad, al Registro Automotor, al Registro de las Personas, al Sanatorio Argentino y a su culto religioso, por carecer del certificado que acredite el esquema de vacunación”, sostienen en la resolución judicial.