Durante su período como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich mandó a comprar material con el argumento de que era necesario para la Cumbre del G-20, que se celebraría en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. El combo incluía: 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas. En él, se invirtió 9 de millones de dólares, pero el encargo no llegó para el evento internacional sino cinco meses más tarde y casi a ninguna empresa se le cobraron multas. Según los cálculos que realizó la Oficina Anticorrupción (OA), en base a un informe previo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), se pagaron sobreprecios de hasta 315% y en el caso de los chalecos la empresa beneficiaria sospecha que cobró un 30% de más.

Bullrich fue denunciada junto con otro grupo de exfuncionarios de su equipo en una presentación que hizo la OA, dirigida por Félix Crous, que le tocó por sorteo al juzgado de Luis Rodríguez y la fiscalía de Paloma Ochoa. Los delitos que se les atribuyen son incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. 

Las primeras irregularidades fueron detectadas por una auditoría de la Sigen. Los llamados a licitación decían que el propósito de la compra era adquirir “bienes necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en virtud de los encuentros programados" para el G-20, y explicaba que el plazo de entrega desde la emisión de órdenes de compra era de 90 días corridos, en algunos casos un poco menos. Pero ese límite excedía el final de la cumbre y el material no fue entregado para la ocasión ni usado con el fin establecido. Además, algunas empresas pidieron prórrogas y les fueron concedidas a sabiendas de esta anomalía. 

"La entrega de los productos luego de la realización del evento que generó la necesidad de sus adquisiciones traen como lógica conclusión, o bien que esas necesidades no fueron satisfechas, o que fueron satisfechas con la realización de gastos adicionales, o bien que los productos adquiridos no eran necesarios para el desarrollo del evento en cuestión, lo que implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa. En cualquiera de estos casos nos encontraríamos ante el posible incumplimiento de los funcionarios que tramitaron estos expedientes y aprobaron las licitaciones en esas condiciones, del deber de proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados", afirma la denuncia.

Asimismo, señala que "los funcionarios que intervinieron en estos procesos y aprobaron las licitaciones habrían actuado en forma parcial, en defensa de los intereses económicos de las empresas involucradas, y en contraposición de los intereses estatales". Tampoco se descarta que las licitaciones hayan sido "un medio para utilizar indebidamente las partidas presupuestarias destinadas a los eventos del G-20". Además de Bullrich, los otros exfuncionarios denunciados son el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Fohrig; y el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa.