El gobierno provincial informó que, en lo ganadero y apícola la declaración de emergencia incluye a los establecimientos rurales afectados por déficit de precipitaciones, altas temperaturas y quemas de pastizales, ubicados en todo el territorio provincial.

En ese sentido, del análisis llevado a cabo por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, surge la gravedad en que se encuentran las explotaciones de productores agrícolas, ganaderos y apícolas con pérdidas en su producción y capacidad productiva que superan el 50% debido a la falta de precipitaciones en todo el territorio provincial.

Las medidas dispuesta en el Decreto 13 que se dio a conocer hoy tendrán vigencia desde el 1º de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2023.

En cuanto a lo agrícola se abarcan los cultivos de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra y para los cultivos de banana, algodón, mandioca, batata y maní, afectados por la falta de precipitaciones desde enero a la fecha, situados en los Departamentos Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo. Regirá desde el 1º de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022.

De acuerdo al instrumento, se designa como organismo de aplicación al Ministerio de la Producción y Ambiente, que deberá efectuar las gestiones y disposiciones para cumplimentar las medidas establecidas.

Además, se capacitó a la Subsecretaría de Producción Sustentable para disponer certificados a los productores afectados, conforme la constatación efectuadas por la Dirección de Producción Sustentable sobre las pérdidas sufridas, remitiendo la nómina de los mismos a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuarios.

De igual modo, se autoriza al Ministerio de Economía, Hacienda y finanzas a implementar las medidas que resulten necesarias para el otorgamiento de los beneficios fiscales contemplados en el marco del Decreto-Ley N° 980/81.

Para decretar el estado de Emergencia Agropecuaria, el primer mandatario evaluó el relevamiento integral de la producción ganadera, agrícola y apícola que realizó el Ministerio de la Producción y Ambiente.

El mismo fue elaborado con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la colaboración de todas las instituciones vinculadas con el sector productivo, como la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena -Delegación Formosa-, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (Paippa), el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (Cedeva), los Municipios y las organizaciones de productores.