El fiscal federal, Guillermo Marijuán, puso en marcha una investigación preliminar para recabar datos, antes de iniciar un expediente formal, en relación a la compra de los últimos dos años que realizaron varias empresas y algunos organismos públicos habrían comprado aviones con sobrefacturación. En cada operación interviene el Banco Central, que autoriza el giro de los fondos al exterior.

El primer paso, fue solicitar informes tanto al Banco Central como al Registro de Aeronaves. En el caso del Banco Central, deberá responder, con carácter de urgente, la “nómina de las personas físicas y/o jurídicas -públicas o privadas- a quienes se le vendieron divisas para el pago en el país y en el exterior de aeronaves”.

Al Registro de Aeronaves, que depende de la titular de la Administración Nacional de Aviación (ANAC) Paola Tamburelli, Marijuán pidio “la totalidad de aeronaves que hayan sido inscriptas y/o matriculadas desde el inicio del año 2020 hasta la actualidad, debiendo acompañar la documentación que dé cuenta de sus propietarios, titulares, identificación (matrícula y nombre) de la aeronave y demás información con la cual pudiera contar ese organismo”.

De acuerdo a fuentes del sector, en los últimos dos años se habrían comprado más de 200 aviones. “La maniobra empieza con la sobrefacturación en Estados Unidos. El comprador pide una factura con un precio más alto del real. Con eso, las empresas solicitan la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llega el avión al país, no se controla en la Aduana y termina siendo un negocio redondo”, detalló un empresario aeronáutico.

Gran parte de las operaciones involucran a empresas de taxis aéreos y también habría empresarios de primera línea, algunos de ellos procesados por las maniobras que figuran en la causa de los cuadernos de la corrupción.

La investigación ocurre tras la polémica por la compra de un avión oficial para la provincia de Buenos Aires. Según una investigación publicada en el sitio Border Periodismo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof autorizó el pago de USD 7.195.214 para adquirir un Beechcraft King Air B200GT/250, aunque el valor de mercado no superaría los USD 5 millones.

Las sospechas iniciaron porque la operación se efectuó a través de una firma radicada en Ohio (Estados Unidos) que no tiene antecedentes en la venta de aeronaves. La empresa RSLINK LLC pertenece a Rodolfo López Hower, un ex integrante de la Fuerza Aérea argentina, y solo tiene operaciones previas con el Estado Mayor Conjunto.

La compra del avión, con capacidad para 7 pasajeros, lleva la firma del ministro de Seguridad Sergio Berni, quien dirige la Dirección de Aviación bonaerense, que ya había sido autorizada por diversos organismos de control de la provincia. Ninguno detectó alguna irregularidad.

“La Provincia de Buenos Aires tiene 307 mil kilómetros cuadrados, es 1.523 veces más grande que la Ciudad. Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro y los funcionarios necesitan trasladarse en avión”, explicó Berni antes los cuestionamientos.