La marcha que se llevará a cabo el próximo martes 1º de febrero, en rechazo a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia, marcó una grieta en el sindicalismo, entre el ala moyanista, las CTA y el sector de “los gordos”, y alineó a los movimientos sociales, que no dudaron en calificar a la convocatoria como “una actividad partidaria”.  

Luego de que Juntos por el Cambio expresara su repudio contra la marcha, los diputados del interbloque Federal se sumaron a las críticas hacia la manifestación. En un comunicado, aseguraron que “se podrá compartir o no sus decisiones, criticarlas, y hasta interponer juicio político a sus miembros si así correspondiese”, pero que no se debe organizar “un escrache público inconducente desde el punto de vista Institucional, con el ánimo de generar estrépito social”.

“La Corte Suprema de Justicia es creada por la Constitución Nacional como parte y cabeza del Poder Judicial. Es el Poder Legislativo el que debe establecer la cantidad de miembros. La última reforma (Ley 26.183 de 11/2006, con mayoría kirchnerista) estableció en cinco la cantidad de miembros. Hoy la integran prestigiosos juristas”, iniciaron el escrito.

“Se podrá compartir o no sus decisiones, criticarlas, y hasta interponer juicio político a sus miembros si así correspondiese. Lo que no puede ni debe hacerse es organizar una “asonada”, un escrache público inconducente desde el punto de vista Institucional, con el ánimo de generar estrépito social”, continuaron.

“Hay una clara diferencia entre esta actitud y la libre expresión o el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos. En virtud de la división de poderes, vemos con preocupación las declaraciones realizadas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y hacemos un llamado a la reflexión”, finalizaron.

Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, calificó de “grave” el aval a la marcha contra la Corte. “Lo único q falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos“, se indignó durante una entrevista en Radio Continental.

“Reviste de gravedad institucional y es un claro intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos por el Estado”, expresa el escrito que lleva la firma de María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Cristina Ritondo, Waldo Wolff y Silvia Lospennato, entre otros.

Además, los empresarios se sumaron a las críticas a la marcha  y, a través de un comunicado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacó la "extrema relevancia de respetar a la Corte Suprema y sus autoridades".

En ese sentido, añadieron que "el reconocimiento de la dignidad de la Justicia es la base de la convivencia civilizada" y un aspecto clave para "el desarrollo económico y social sostenido".

Son varias las objeciones al acto que se realizará bajo las consignas “Democratizar la Justicia”, "basta de impunidad" y "fin del lawfare", que fue convocada principalmente por el juez Juan Ramos Padilla y el piquetero Luis D’Elía mediante sus redes sociales, para "echar" a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes describió de "miserables".

"El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable", afirmó. 

Asimismo, el pasado viernes, la Federación Argentina de Colegios de Abogados expresó su "profunda preocupación" frente a la movilización. En un texto difundido por los abogados de todo el país, sostuvieron que "la convivencia democrática en un Estado de Derecho supone que tanto gobernantes como gobernados, sin excepción, deben ajustar su conducta a lo dispuesto por la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia".

"En lo que refiere a los objetivos de tal movilización, cabe señalar que nuestra ley fundamental prevé los mecanismos institucionales para la designación y remoción de los tres poderes del Estado", añadieron.

Por otro lado, desde distintos sectores de la Justicia convocaron a una marcha en defensa de la Corte que se efectuará dos días después a las 19 horas frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle).

Por su parte, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo: "Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa... La Corte sin prestigio no es una Corte" y Juan Martín Mena, secretario de Justicia, opinó: "Me parece sano y necesario que la gente se pronuncie".

Entre los que expresaron públicamente su apoyo a la marcha se encuentran el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el líder camionero, Hugo Moyano; la titular de la AFI, Cristina Caamaño; y la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.