Esta semana la Ley de Humedales quedó excluida del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La demanda lleva más de diez años en la Argentina. Asimismo, durante 2013 y 2016 proyectos similares perdieron estado parlamentario. 

Fuentes legislativas detallan que la iniciativa, que busca regular las actividades que se llevan a cabo en esos ecosistemas, sólo puede salvarse de volver a foja cero si se ampliara el temario. Para algunos de los que la defienden y militan, el proyecto se truncó por un triple lobby efectuado por sectores de la agroganadería, la megaminería y la explotación inmobiliaria. 

"Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto, que estuvo guardado en un cajón del despacho de un diputado del oficialismo, José Aragón, en la Comisión de Agricultura y Ganadería", declaró a Página/12 la geógrafa e investigadora Patricia Pintos, miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).

En agosto de 2020 miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y, además, exigir una norma que protegiera a los humedales. En noviembre, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Al perder estado parlamentario la propuesta se encontraba en Agricultura y Ganadería, por lo que debía ser tratada por otras dos comisiones: Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y Presupuesto y Hacienda.

"Desde que llegó a Agricultura intuimos que no había una voluntad de darle curso. Fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socioambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley, sobre todo a partir de que el Gobierno la tomara como lema de campaña", afirmó Pintos. "Sí a cuidar el planeta. Urgente la Ley de Humedales", sostuvieron desde el oficialismo en la previa de las legislativas.

Desde Rosario, Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por la Ley de Humedales, declaró que: "No nos quedaban muchas esperanzas luego de ver el tiempo transcurrido y no ver ningún manifiesto de Alberto Fernández o personajes de referencia dentro del Congreso. En su momento nos recibieron sólo dos diputados: Leonardo Grosso (Frente de Todos, titular de Ambiente) y Enrique Estévez (Partido Socialista). Si no se laburaba dentro de las demás fuerzas no íbamos a tener una ley". 

Por su parte, Martínez cuestiona al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por "salir a celebrar" en su cuenta de Twitter que en las extraordinarias estuviera incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas cuando el proyecto de Ley de Humedales era excluido.

"Creemos que el debate se inició por las maniobras que hicimos de cortar el puente: fueron un faro para toda la región", señaló Martínez. "Todo ocurrió en un contexto de aislamiento. Mientras nos cuidábamos nos llegaban cenizas por la ventana, fotos de animales muertos, familias que defendían sus casas... teníamos que estar en la calle, decir 'basta' aunque fuera con los barbijos puestos. A partir de ese momento se dio una fisura en la sociedad. Fisura que todavía no ha alcanzado a legisladores y gobernantes", agregó.

La única manera de revertir la situación es que el Poder Ejecutivo amplíe el temario de las extraordinarias, por lo que debería convocarse en conjunto a las tres comisiones por las que debía transitar el proyecto y obtener dictamen para su llegada al recinto. 

En caso de que esto no ocurra, el 28 de febrero se produciría la caída definitiva del proyecto y debería reiniciarse todo el proceso. Otra posibilidad es que se produzca un cambio de giro al Senado, "un gesto de querer avanzar más fácil en caso de que se caiga lo avanzado en Diputados".

Pintos explica que un humedal es "un tipo particular de ecosistema", que se caracteriza "por la presencia de un suelo fundamentalmente hídrico, no drenado" y que "se mantiene saturado de agua de manera temporal o permanente". Posee una fauna y una flora que constituye un "patrimonio natural que vale la pena preservar en términos de calidad ambiental" debido a que son reguladores de temperaturas, morigeran los efectos de las inundaciones, retienen excedentes hídricos, atenúan los efectos de sequías prolongadas. Tienen la capacidad de disminuir el potencial erosivo de las tormentas y de estabilizar las líneas de costa. También, posee una función depuradora, que contribuye a mejorar la calidad del agua para el consumo y la producción. 

"Tenemos la idea de que los humedales son los del Delta, pero en cada región del país existen humedales de diversas características. Tenemos las turberas en Tierra del Fuego, los mallines en la Patagonia, los salares de altura en el noroeste, los esteros del Iberá en la mesopotamia", señala la geógrafa. La amenaza sobre estos ecosistemas proviene de distintos sectores como la agricultura y la ganadería, el extractivismo urbano y la megaminería debido a la extracción de litio en los salares.  

Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental, es fundador de la organización Guardianes del Iberá comenta que "Lo que ocurre en el nordeste argentino es similar a lo que ocurre en el resto de país. En las grandes ciudades, como Corrientes y Resistencia, y en el periurbano, hay una presión inmobiliaria de countries, nuevas urbanizaciones sobre humedales. Y en el ámbito rural se da el avance de modelos extractivistas, monocultivos, usos intensivos del suelo". Spataro comenta que "en todo el nordeste, el único enfoque de conservación que tienen los gobiernos es el basado en áreas protegidas", como ocurre con los Esteros del Iberá.  

"Hace años que buscamos una ley para que haya una mayor transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de sus humedales y realizar un inventario, pero también para abrir espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial. El fin es que las comunidades de cada provincia puedan decidir sobre la gestión de estos ambientes tan importantes", explica Spataro. "Los sectores concentrados que obtienen ganancias con la destrucción de los humedales no quieren que haya una ley que ponga en relevancia su conservación. Quieren seguir haciendo un uso intensivo sin que se ponga en discusión en cada provincia si esto conviene a la sociedad, si genera un entramado de desarrollo o si implica ganancia para unos pocos y problemas graves y cotidianos para muchos, que se quedan sin agua, sin buenas pasturas, sin peces para pescar, sin lugares de recreación, actividad turística u oportunidades de un verdadero desarrollo en armonía con la naturaleza", finaliza.

Por su lado, Zoe Tojo, de Consciente Colectivo, sintetiza: "Lo más importante del proyecto es que busca generar un criterio a nivel nacional para la protección y el uso sostenible y racional de los humedales. Es una creencia falsa la que sostiene que la ley prohibiría la actividad sobre ellos. El objetivo es que el Estado controle cuáles son las actividades que se pueden realizar y de qué manera. Establece evaluaciones de impacto ambiental y limita todo lo que genera degradación, como quemas intencionales o bloqueos de cursos de agua". Tojo destacó la creación de un inventario nacional: "No hay un registro sistemático que refleje cuáles son los territorios, qué características tienen, cuánto porcentaje del país ocupan." Se estima que estos ecosistemas abarcan el 211% de la superficie del país.