En medio de la negociación entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo, la Justicia argentina analiza si hace lugar a un pedido que inició la Procuración del Tesoro: la citación para que declaren como testigos los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió el ex presidente Mauricio Macri. 

Según confirmaron, el planteo fue hecho por el procurador del Tesoro Carlos Zannini ante la jueza María Eugenia Capuchetti en los últimos días de diciembre, antes de la feria judicial.

Se trata de convocar a los funcionarios del FMI que estuvieron en la Argentina entre el 13 y el 22 de agosto de 2018. Fuentes cercanas al hecho afirmaron que la iniciativa fue dirigida por Roberto Cardarelli, secundado por Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune. Los denunciantes consideran que si se analiza en detalle el texto del FMI se puede ver que el primer tramo de dinero que recibió el gobierno de Macri fue desviado de su destino original. “Esa plata no era para financiar la fuga de capitales”, insisten.

Además, otro punto sobre el que está trabajando la jueza Capuchetti, a solicitud del fiscal Franco Picardi, es tratar establecer quiénes fueron los destinatarios finales, ya sea personas físicas o jurídicas, que compraron la mayor cantidad de títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quiénes desarmaron esas posiciones en pesos desde 2018 y finales de 2019. 

Asimismo, de acuerdo a fuentes consultadas, la jueza ya envió oficios a la Comisión Nacional de Valores para que se remita el detalle de los fondos institucionales o fondos comunes de inversión y de las personas físicas y jurídicas que accedieron a esos títulos.

La causa investiga si, como denunció la Oficina Anticorrupción en marzo pasado, el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”.

En el expediente están imputados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública el ex presidente Macri, los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

En ese sentido, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini se presentó y fue aceptado como querellante y allí solicitó la indagatoria de Mauricio Macri por entender que “se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos”. Como prueba, adjuntó un pendrive con la entrevista que el ex presidente Macri en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado “para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir”.

El 10 de diciembre pasado, la Procuración solicitó llamar a declarar como testigos a los técnicos del FMI que llevaron a cabo la primera evaluación del préstamo otorgado al gobierno de Cambiemos.

De acuerdo al documento oficial del FMI que ya se incorporó a la causa, los técnicos reportan la primera evaluación de lo que había sucedido con el primer desembolso del dinero. Más allá de los judicial, el FMI afirma que eran “condiciones de mercado turbulentas, una disminución de la actividad más fuerte de lo esperado y la incapacidad del banco central para anclar las expectativas de inflación”.

En el documento del FMI, los técnicos a los que quiere escuchar como testigos Zannini reportan en el punto sobre el “rendimiento del programa” que “se cumplieron todos los criterios de desempeño y el punto de referencia estructural para fines de junio. Sin embargo, el deterioro de las condiciones del mercado ha significado que (i) la inflación ha superado la banda interna desde fines de junio (que requiere consulta al personal) y la banda externa a fines de septiembre (que requiere consulta con el Directorio Ejecutivo); (ii) las reservas internacionales netas (TIN) están por debajo de los criterios de desempeño de fines de septiembre; (iii) los forwards no entregables (NDF) están por encima del objetivo de fines de septiembre; y (iv) no se cumplió la meta de reducción del crédito neto al gobierno (GNC) para fines de septiembre”.

“Las autoridades han reconocido proactivamente que restaurar la estabilidad en Argentina requerirá una remodelación significativa de su programa de políticas y han solicitado cambios en la naturaleza del apoyo del Fondo bajo el Acuerdo Stand-By. Específicamente, con un acceso al mercado más limitado, Argentina ahora enfrenta una necesidad apremiante de balanza de pagos que está íntimamente ligada a una gran brecha de financiamiento fiscal y que no puede resolverse únicamente mediante el ajuste de políticas”, añade.

A la causa también se le adjuntó el último pedido del fiscal Picardi: el detalle del último informe del organismo internacional en el que se cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018. Allí se sostuvo que el gobierno de Macri “abrió rápidamente la cuenta capital y los préstamos en el extranjero, al tiempo que adoptó un enfoque gradual para enfrentar los desequilibrios, en particular el déficit fiscal, preparando el escenario para un ‘sudden stop’ y un pedido de Stand By”

Cuando se reactive la actividad judicial la próxima semana la jueza deberá evaluar si hace lugar al pedido de Zannini para citar como testigos a los técnicos del FMI para que reporten en la causa qué vieron cuando evaluaron el primer tramo del préstamo entregado al ex presidente Mauricio Macri.

En estos días, la Argentina debe definir entre acelerar el acuerdo, pagar o incumplir con el FMI. El viernes el país debería abonar USD 717 millones al organismo, pero el Ejecutivo y el Fondo aún no llegaron a un consenso técnico.