El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabiliza al Poder Judicial por el otorgamiento de prisiones domiciliarias. "Si quieren encontrar un Poder Ejecutivo públicamente tomando esta decisión pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este”, sentenció hace unos días.

Julio Conte Grand avaló las prisiones domiciliaras sin excepciones, provocando el mayor golpe a la imagen de Axel Kicillof en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof afirmó al respecto: "En la resolución 158 del 18 de marzo, que la leí detenidamente, instruye a los defensores públicos impulsar prisiones domiciliarias a las poblaciones de riesgo (...) Omite señalar que las prisiones domiciliarias no pueden darse a quienes hayan cometido delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, robos a mano armada, con violencia”.

El procurador bonaerense fue secretario de Legal y Técnica de la gestión anterior, y según el Frente de Todos “tiene compromisos firmes con una gestión de gobierno".

La Procuración General baja la línea de trabajo a todos los fiscales bonaerenses y tiene el desafío de poner en marcha la Policía Judicial. Desde su oficina, además, se impulsan juicios políticos a jueces y fiscales que incomoden al Poder Ejecutivo, con o sin argumentos.

Kicillof sabe que no puede echarlo. La procuración es un cargo sin fecha de vencimiento y vitalicio. Para que se vaya, el Frente de Todos debería iniciarle el juicio político en el Senado, donde Cambiemos mantiene la mayoría. Por lo tanto, ahora comenzará el largo camino de la presión para que renuncie. Según fuentes judiciales del oficialismo, "por las buenas es tejiendo un acuerdo con Vidal, por las malas es tirarnos con carpetazos para presionar”.