La Asociación de Trabajadores de la Industria de la República Argentina, el gremio liderado por Héctor Ponce, denuncia despidos arbitrarios de cuatro empleados que cumplen funciones en la planta de fabricación de Lácteos Mayol S.A.

Fue tras la decisión de la familia que lleva el control de la empresa, quienes tomaron represalia contra los trabajadores, tras una huelga realizada el marzo pasado donde se manifestaron para exigir que se hagan valer sus derechos. No sólo eso, sino que también se los denunció por "extorsión sindical", tanto a los despedidos como a compañeros que colaboraron en el reclamo en las puertas de la fabrica.

Las faltas graves que denunciaba en su momento el gremio eran por irregularidades en los contratos, incumplimiento del convenio correspondiente (ya que estaban encuadrados en otros sectores), pagos no remunerativos y falta de aportes.

Eso desembocó en una protesta que contó con una retención de tareas por parte de los trabajadores nucleados en Atilra, que llevó días y días de huelga. En represalia, la firma dejó a cuatro trabajadores sin su fuente de ingresos y acusó a los empleados de "bloqueo".

Estas demandas fueron elaboradas por el patrocinio de los abogados Juan Fontana y Florencia Arietto, en donde solicitaron la detención contra los 28 empleados y gremialistas que acamparon frente a la planta, y fueron citados a indagatoria en el marco de la causa por Robo agravado, daño y amenazas coactivas en concurso real. La misma recayó en la UFI Descentralizada Nº 1 de Cañuelas, a cargo de la fiscal Norma Pippo, quien apoyó la petición.

Finalmente, esa medida solicitada por la empresa fue rechazada por el juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas. En su dictamen emitido el 21 de mayo, Rizzo advirtió que “no se vislumbran riesgos procesales de momento".

Mayol, la familia que maneja prácticamente una ciudad

A casi tres meses de esa medida de fuerza y con una causa judicial que la defensa tildó como "burrada jurídica", Atilra sigue denunciando falta de obediencia a las cartas documento emitidas a la empresa, así como también a las conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo.

"Hoy por hoy, está muy mal la situación. Los cuatro trabajadores que levantaron la lucha contra las faltas graves de la empresa fueron despedidos, mientras que a los otros trabajadores que siguen en sus puestos los tienen atemorizados", aseguró el abogado apoderado del gremio, Alberto Coronel.

"Gobernador Udaondo es un pueblito que tiene 300 habitantes, y que está manejada por una familia. Los dueños de todos. La policía hace lo que quiere, lo mismo el correo. Son señores feudales que tienen el poder del Estado", comenzó relatando el letrado, quien describió a la familia Mayol como "dueñas de la ciudad".

La empresa, manejada por la cuarta generación familiar, procesa entre 10.000 y 11.000 litros diarios de leche, empleaba a 14 personas, quienes elaboran quesos cremosos, de barra, mozzarellas y dulce de leche y distribuye su producción en las localidades aledañas.

Si bien son reconocidos por su producción, los Mayol tienen a sus trabajadores precarizados, según manifestó Coronel. "De 14 trabajadores -antes de los despidos- tenían solamente 7 u 8 en el convenio de la industria lechera, mientras que a otros los tenían bajo el convenio de Comercio o Uatre, que ganan muchos menos y tienen menos aportes", reveló el abogado de Atilra.

Estos reclamos fueron elevados al Ministerio de Trabajo, quien dictaminó una conciliación obligatoria que no fue acatada por la familia, dueña de la empresa. "Cuando vimos que no respetaban ni siquiera al Ministerio, tomamos una medida de fuerza que nos costó el empleo a algunos", sostuvo.

Lo contraproducente es que la firma Mayol justificó los despidos, realizando denuncias "inexistentes" en contra de sus trabajadores. "A algunos lo denunciaron por bloqueo sindical, a otros les dijeron que habían robado o que rompían cosas. Hasta pusieron testigos de identidad reservada para que den testimonio en su contra". Coronel aseguró que "jamás nadie rompió, robó, ni bloqueó nada. Lo que hicieron fue despedir arbitrariamente".

A su vez, contó que los despedidos "casualmente" eran los que se postularon para ser delegados en la empresa. "No entienden nada de política sindical. Esto es un claro ejemplo de represalia", exclamó el abogado.

Otro dato relevante que surge de la causa es que el grupo familiar reconoció públicamente que tenían a sus trabajadores "en negro" y "se comprometieron a adoptar ningún tipo de represalias contra los trabajadores", cosa que no cumplieron.

"Toda la gente del pueblo trabaja para ellos. Manejan la oficina de correo, a la policía y tienen a la gente atemorizada", descargó Coronel, quien además aseguró que recurrirán tanto a la justicia, como al Gobierno bonaerense para que brinde soluciones al conflicto, concretas y de fondo.