El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, elevó hoy a juicio oral la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en esa ciudad balnearia, y dispuso que sean sometidos a proceso los ochos rugbiers que siguen detenidos y un noveno que había sido beneficiado con la falta de méritos por la fiscal de la causa.

El hecho fue calificado como un homicidio doblemente agravado por alevosía y por la cantidad de participantes, cuya pena es la prisión perpetua. Así, tras haber renunciado a un juicio por jurados populares, enfrentarán a un tribunal colegiado de tres magistrados en la jurisdicción de Dolores con fecha a definir.

De los diez acusados, solo Juan Guarino queda definitivamente sobreseído, con un planteo original de la fiscal Zamboni que no lo vinculaba en el hecho. Lo mismo fue para Alejo Milanesi, liberado junto a él al comienzo de la causa.

La resolución del juez va en línea con el pedido de la fiscal Verónica Zamboni respecto de los ocho detenidos en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

En cambio, Mancinelli rechazó el pedido de Zamboni para que sea sobreseído Milanesi, imputado como "partícipe necesario", e hizo lugar al planteo de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que su eventual responsabilidad penal se defina en un debate oral.

Según consta en el pedido de elevación a juicio de 343 páginas, el asesinato de Fernando Báez Sosa estuvo planeado y hubo una división de roles para atacar a traición. Existió una división de roles, al menos según consta en el escrito, cinco de ellos participaron del ataque con violencia física contra Fernando mientras que otros tres se dedicaron a bloquear la defensa que podría haber salvado a Fernando, separando y golpeando a sus amigos, sin un policía a la vista.

Tras la elevación a juicio, la defensa de los rugbiers tendrá un plazo de cinco días para apelar la medida ante la Cámara de Dolores.