

La jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, Chaco, decidió hacer lugar a una medida cautelar, peticionada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina, contra la Ley 27.610 y ordenó suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Chaco.
En su presentación, los actores y actoras solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma recientemente aprobada en el Congreso y sostuvieron que el art.15 inc.1 de la Constitución de Chaco garantiza "el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana".
La iniciativa está dirigida, “contra el Gobierno de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable”.
Este no es el primer intento judicial de frenar la aplicación de la ley que se aprobó por amplia mayoría en el Congreso. La semana pasada, el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio rechazó una medida cautelar que pretendía suspender la ley de IVE a través de una presentación contra el Protocolo ILE del Ministerio de Salud, establecido en 2019, y que más tarde fue ampliada tras la sanción de la ley.
Para el juez fue “improcedente” el planteo y por ello desestimó la medida cautelar, aunque el planteo de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley sigue abierto a la espera de definiciones.