

Recientemente, el Ministro de Salud de la Nación se ha manifestado sin dejar lugar a dudas en favor de la sanción del proyecto de ley de aborto legal, cimentando su parecer en tres aspectos principales: a) no se estaría eliminando una vida; b) sindicando como un problema sanitario grave la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos; y c) que en los “países desarrollados” tal ley está en vigencia.
Como prólogo, cabe aclarar que en esta breve síntesis no incursionaré sobre los fundamentos de tal propuesta de ley, dado que una decisión tan relevante tendría que considerar necesariamente aspectos religiosos, éticos, científicos, psicológicos, sociales, legales y económicos y, por tanto, meritaría un análisis más exhaustivo y meduloso que el que ofrecieron hasta ahora nuestros legisladores. Tal examen conlleva analizar datos, recabar experiencias, escuchar los juicios de todos los sectores que señalo más arriba y, sobre todo, opiniones de mujeres que han pasado por esta –imagino desgraciada- experiencia, nada más valedero. Los enfrentamientos callejeros entre pañuelos de colores son intrascendentes para estos fines.
Abocándome al tema, quisiera señalar algunos hechos. La primera consideración que debemos hacer, es de tipo legal. Nuestras leyes definen que la vida se genera desde el momento de la concepción o gestación, esto es, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Puede o no cuestionarse esta definición, pero es la que rige actualmente y está refrendada por acuerdos internacionales, lo que significa que hay que modificarla antes y, por supuesto, hacer decaer en ese punto los pactos antedichos; hasta que eso no suceda, sí se estaría quitando una vida desde este punto de vista reglamentario. Itero entonces que, en mi opinión, en forma previa a cualquier reforma se deberían seguir los recaudos que sugiero en el párrafo precedente, cosa que, a la luz de los argumentos exhibidos por los encargados de considerar la norma, no se ha realizado.
En segundo término, vale dimensionar la gravedad del problema. Es pertinente indicar que según los datos del Ministerio de Salud (www.deis.msal.gob.ar 2015-2016) las causas de muertes por abortos, espontáneos o inducidos –ilegales estos últimos hasta el momento- fueron de 55 en 2015 y 43 (31 por aborto no espontáneo) en 2016, lo cual, además de indicar una disminución del 20%, en ese último año significó el 0,6% de la totalidad de muertes maternas, 245 totales en ese lapso.
Estos datos oficiales demuestran que las defunciones de este tenor de mayor incidencia (202) fueron las obstétricas directas por otras causas, que pueden menguarse con un control efectivo de la embarazada, acción ausente en varias provincias de nuestro país. En la tabla siguiente, se especifican las muertes por aborto espontáneo –en general motivado por un inadecuado o ausente control del embarazo como dijimos- diferenciándolas del provocado.
Esto nos lleva a un claro colofón: desde el punto de vista numérico y porcentual no es un problema de salud significativo para las mujeres–tal como erróneamente lo definiera el Ministro G. González García- al lado de otras causas como las enfermedades cardiovasculares (29%), el cáncer (19%), las causas respiratorias (19%), las lesiones (6%), las infecciosas (4%) y tantas otras como se puede ver en la siguiente tabla, previsibles la mayoría de ellas al igual que el embarazo no deseado. De hecho, las muertes por aborto rondan el 0,01% de la lista de mortalidad global.
En tercer lugar, que los “países desarrollados”, según la consideración del Ministro, hayan aprobado una ley de esa índole no significa ni más ni menos que eso: está en vigencia en esas naciones. El nivel de desarrollo de un Estado no significa infalibilidad, ni en la antigüedad –Imperio Romano por ejemplo- ni hasta nuestros días. Hay ejemplos a granel de leyes retrógradas o atentatorias contra los derechos humanos en varios países que llevan la calificación de “desarrollados” actualmente.
Sin embargo, para esas 31 mujeres fallecidas por abortos clandestinos la estadística significa el 100% y, por tanto, es dable ocuparse del problema. La profilaxis de un hecho inconveniente es mejor que procurar una solución para el mismo, es decir, mejor evitar que ocurra una enfermedad que establecer una terapéutica para ella, uno de los principios básicos de la Medicina. Otro precepto de mi profesión, “primum non nocere” –lo primero es no dañar- tiene lugar también en este tema.
Es necesario entonces implementar medidas que tiendan a prever la situación antes de que se produzca, como un programa de educación sexual obligatorio desde la escuela primaria en adelante, puesto que el embarazo adolescente ha ido en aumento en esta última década –65,6 nacimientos por cada mil mujeres menores de 19 años en 2019- a pesar de la institución de “clases de educación sexual” que, a todas luces, no fueron efectivas. Y me refiero a un programa serio, dictado por personal capacitado, consecuente en el tiempo y en todos los establecimientos educativos, públicos y privados. Concomitantemente, difundir, promover opciones –incluyendo el celibato para quien lo desee- y facilitar gratuitamente elementos para evitar el embarazo no deseado, lo cual también disminuiría las enfermedades de transmisión sexual como agregado no menos importante la tasa de estas afecciones en mujeres adolescentes viene en aumento constante desde 2010 triplicando el promedio argentino en ese lapso). Resumiendo, hacer conocer todo y prohibir sólo lo que perjudique a otro.
Esto no significa promover la promiscuidad, lejos de ello, es cuidar a nuestra juventud. Muy poco se hizo hasta ahora y no bien; los resultados revelan su ineficacia.
De allí que anteponer la “terapéutica” –el aborto- a la prevención segura y eficiente del embarazo no deseado es ubicar el carro delante del caballo.
Concluyendo: a) Las muertes por abortos clandestinos NO son un problema grave de salud desde el punto de vista estadístico como se proclama; b) La interrupción de un embarazo –sea o no consentida- es un hecho lesivo en la vida de cualquier mujer y no exenta de riesgos; y c) Se procura una ley que autorice el tratamiento de una situación previsible sin que se haga una providencia adecuada de ella.
Los actuales funcionarios saben esto tanto o mejor que yo por lo que la única explicación posible es la supeditación de la indicación sanitaria precisa a un supuesto rédito político pseudoprogresista.