La “batalla” en el senado por la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal tendrá esta semana un día clave y el bloque de senadores del oficialismo buscará aprobarla en el recinto de la Cámara alta. 

La intención, revelaron fuentes del espacio del Frente de Todos, es contar con la media sanción de la iniciativa antes del 30 de noviembre, cuando concluye el período de sesiones ordinarias.

La medida le permitiría al Gobierno controlar la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

La sesión especial sería convocada para el viernes, y en los últimos días, el bloque que conduce José Mayans logró unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilnek.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También, prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador.

El debate se da mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

El candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, había manifestado su desacuerdo con la posibilidad de que el nuevo cargo sea votado por mayoría simple.