La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó hoy determinar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.

“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, dice la resolución de 177 páginas.

Y agrega: “Estas razones impiden –al menos en este estado del proceso– descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”. Lo mismo plantea sobre el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur.

Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.

Los exaltos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.

El fallo de primera instancia fue apelado por los abogados querellantes, quienes impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación del ex presidente Macri, del ex ministro de Defensa y del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

“La Resolución recurrida es nula, toda vez que se expide sobre personas que no fueron imputadas ni tomada su declaración indagatoria. Se trata de una suerte de ‘defensa’ del ex Presidente de la Nacion Ingeniero Mauricio Macri, el ex Ministro de Defensa de la Nación Dr. Oscar Aguad y del ex titular de la Armada Almirante Marcelo Srur”, dice la apelación firmada por la abogada Valeria Carreras en representación de la querella mayoritaria.

Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, dijo Carreras a Infobae antes de la audiencia ante la Cámara.

La audiencia de apelaciones se demoró varios meses por la pandemia del COVID-19 y finalmente se llevó a cabo hace tres semanas con un sistema mixto: varias de las partes estuvieron presentes en Comodoro Rivadavia y otras lo siguieron a la distancia. En esa audiencia, el fiscal de Cámara Norberto Bellver también pidió la indagatoria del ex presidente y del ex ministro de Defensa.

Tras estudiar todos los argumentos, el tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo E. Suárez y Hebe L. Corchuelo de Huberman, confirmó hoy los procesamientos de López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal. En cambio, revocó los procesamientos de Malchiodi y Sulia, que quedaron con falta de mérito al igual que Alberto Marti Garro.

En un fallo de 177 páginas, la Cámara también ordenó que se lleve adelante una pericia técnico-informática “sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity” y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.

Al margen del proceso penal, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Juan Martín Paleo, convocó hace dos semanas al Consejo General de Guerra, que deberá desarrollarse en el marco de lo dispuesto por la Ley 26.394 vigente en la materia desde agosto de 2008, momento en el que se derogó el viejo Código de Justicia Militar.

La decisión se dio luego de terminado el “legajo disciplinario” ordenado por el ex ministro de defensa Oscar Aguad con el propósito de “investigar las responsabilidades encuadradas dentro del artículo 13 (incisos 16 y 23) del plexo normativo actualmente en vigor”. Precisamente, el artículo referido es el que describe las faltas consideradas como “gravísimas”.