Con un duro informe en el que acusa a las empresas distribuidoras de energía de haber cobrar “tarifas altas” que no significaron “una mejora en la calidad de la prestación del servicio”, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprovechó también para “pegarle” a la gestión pasada. 

Según la Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, “en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas".

"Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires", agrega el texto publicado hoy.

"El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio", refiere, al tiempo que añade que durante el período 2016-2019 las empresas distribuidoras "aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años".

A ese respecto, el Ministerio asegura que en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, "se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados. Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico".

Por otra parte, pusieron énfasis en “el extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares".

En cuanto a las obras, destacaron que “a partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente", se planteó, y se detalló que "sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales".