Miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunieron ayer con el gobernador Axel Kicillof para entregar el XIV Informe Anual sobre políticas de seguridad y encierro,donde hacen un balance de las políticas de seguridad, penitenciarias, niñez y salud mental desarrolladas. 

El informe no sólo es un diagnóstico del estado actual de la política criminal y los derechos humanos, sino también una herramienta para definir de manera urgente políticas que permitan revertir esta crítica situación. La CPM también transmitió la preocupación por la asonada policial, que se constituyó en un hecho gravísimo que pretendió condicionar a la actual gestión, y la necesidad de democratizar la policía y fortalecer los controles sobre su accionar.

El organismo ofreció toda su colaboración para aportar al diseño, abordaje y seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos. En este sentido, se remarcó puntualmente la necesidad de encarar reformas urgentes en el ámbito de la policía bonaerense, la niñez, la justicia y el servicio penitenciario.

Además, se destacó la política de salud provincial que permitió garantizar el incremento de camas de terapia intensiva para que el sistema público atienda la gravedad actual de la pandemia de Covid-19 y solicitaron que la salud penitenciaria deje de depender del Ministerio de Justicia para pasar al Ministerio de Salud.

Durante la reunión, la CPM también manifestó al gobernador su preocupación por la causa que investiga la desaparición forzada y posterior muerte de Facundo Astudillo Castro. El organismo, que interviene como querella institucional en la causa, pidió a Kicillof que el Estado provincial extreme las medidas para garantizar una investigación rápida, eficaz y transparente y brindar un acompañamiento a su familia. El organismo compartió sus impresiones sobre los conflictos originados a partir de la toma de tierras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al desempeño del poder judicial, se describieron de manera crítica las responsabilidades y acciones que agravan la sobrepoblación y hacinamiento de cárceles y comisarías, y la ausencia de investigaciones de casos de torturas. Asimismo se pidió el apartamiento del Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, quien fuera agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la última dictadura militar y está imputado por crímenes de lesa humanidad, esa causa ya fue elevada a juicio por la justicia federal.

Todos los presentes coincidieron en comenzar a trazar una agenda de derechos humanos compartida, que se incorporaría al debate actual en torno a las políticas de Estado, y que deberían diseñarse e implementarse de manera urgente para poder revertir la grave situación de vulneración en que viven una parte importante de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Por la CPM participaron los presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, el vicepresidente Víctor De Gennaro, el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García, Yamila Zavala Rodríguez y la directora general Sandra Raggio.

También estuvieron en la reunión el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, la Ministra de Gobierno Teresa García y el subsecretario de derechos humanos Matías Moreno.