a) La falta de una decisión política definida y planificada en la formación de recursos humanos en nuestro país es una ausencia que se viene repitiendo desde siempre. Esta carencia que, bueno es decirlo no sólo afecta a ese sector, provocó verdaderos dislates en varios centros formativos del país. Valgan como ejemplo dos frases del Dr. Marcelo Cerezo, Profesor Titular de Anatomía A de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP en razón de su renuncia en 2019 luego de 43 años de docencia: “El masivo ingreso de alumnos, sin ningún tipo de condicionamiento, de cualquier nacionalidad, hablen o no nuestro idioma, ha llevado a un deterioro nocivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una verdadera estafa a los estudiantes y a sus familias que mayoritariamente los sostienen económica y espiritualmente”. En esa casa de estudios ingresaron ese año 3.992 inscriptos más un millar de recursantes, albergados en una estructura diseñada para no más de 400 alumnos. Su similar de la UBA registró 9.457 ingresantes en 2018, cifra récord en su historia… Todo ello para una tasa de egresados que oscila entre el 21% y el 30%, es decir, que de cada diez que ingresan sólo tres obtienen su título. Es claro entonces que la ausencia de vocación no es el factor primordial de la insuficiencia notada. Los números de ingresantes en ambas facultades en 2019 y en el año en curso fueron en aumento.

La falta de una decisión política definida y planificada en la formación de recursos humanos en nuestro país es una ausencia que se viene repitiendo desde siempre

Cuando desde el Ministerio de Salud de la Nación se preconizaba “…la formación del recurso humano como una clave para lograr una cobertura efectiva y de calidad y el núcleo de esto tiene que ser la calificación y la disponibilidad de recursos humanos”(Adolfo Rubistein, 2018), las Universidades Nacionales –autónomas- decidieron lo contrario sobre el particular, manteniendo el ingreso irrestricto. Es indudable que lo que sucede no se condice con lo deseado.

Lo cierto es que la cantidad y calidad de los profesionales que se formen en nuestras universidades debieran estar proyectadas, en primera medida de acuerdo a las demandas de la población a asistir y a la densidad demográfica de expertos –médicos, enfermeras, etc.- de cada región y eso, convengamos, no ocurre en nuestro país a excepción de algunos pocos centros. En Argentina hay aproximadamente 3 médicos por cada mil habitantes, número suficiente según la OMS -2,5 c/ 1.000 habitantes-, pero la distribución es altamente irregular, puesto que la C.A.B.A. cuenta con 16 médicos cada 1.000 habitantes, mientras que Formosa, Santiago del Estero y Misiones tienen menos de dos por ejemplo. El desequilibrio en Enfermería es aún mayor, habida cuenta que está trastocada la ecuación de enfermeras por médico deseable -0,51 enfermera por médico en nuestro país en 2017-, la mitad de lo sugerido como aceptable por la OMS. Es evidente entonces que se debe considerar al país como un todo y formar profesionales de acuerdo a las necesidades de cada región, que no son otras que las de las personas que la habitan. La información epidemiológica insuficiente en la casi totalidad de nuestras provincias es otro componente que conspira en contra de una programación adecuada.

En consecuencia, es dable esperar que la formación del recurso humano no sea de la calidad prevista, hecho que nos lleva a un sinnúmero de consecuencias no deseadas, como una asistencia alejada de la excelencia, la creciente agresión que sufren los profesionales de los Servicios de Emergencias de los hospitales públicos y privados, el exponencial aumento de litigios por responsabilidad civil y el deterioro de las bases del razonamiento científico, que hoy son duramente cuestionadas por muchos profesionales mediáticos, parapsicólogos, chamanes y sectas de reciente creación que, con profuso acceso a los medios de comunicación masiva, confunden a la población y le privan de la información confiable, necesaria, actualizada, oportuna y completa, que es el elemento fundamental que le permitiría la adopción de decisiones básicas para el cuidado de su propia salud. 

b) La segunda razón, no menos importante, es la económica.  Según los datos emitidos por el Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, un médico de planta de 36 hs. semanales en un hospital público recibe un salario promedio que fluctúa entre $ 52.000 y 57.000 mensuales ($ 353 por hora); un médico residente cumpliendo 48 hs. semanales, cobra en promedio $ 50.400 ($ 242,30 por hora), en ambos casos cumpliendo guardias en el Servicio de Emergencia. Un enfermero recibe entre $ 47.000 y 51.000 mensuales, equiparable a un residente. La actividad privada no es mucho mejor en un país donde el ejercicio profesional de los trabajadores de la salud está mayormente socializado y el resto de los rubros no. Sintetizando este pensamiento, el Dr. Jorge Manrique en su Relato del Congreso Argentino de Cirugía hace 14 años, expresaba: “La realidad argentina atenta contra el ejercicio normal de la medicina, pone al paciente en riesgo de ser víctima de errores y al médico de incurrir y pagar por ellos. El desorden institucional en el que se trabaja brinda un campo propicio para los reclamos”. Poco ha variado esta situación hasta nuestros días.

En la Provincia de Buenos Aires, un médico de planta de 36 hs. semanales en un hospital público recibe un salario promedio que fluctúa entre $ 52.000 y 57.000 mensuales

Se deduce rápidamente la razón del desánimo de nuestros estudiantes: de diez que empiezan se reciben sólo tres en estructuras de enseñanza no adecuadas; finalizados sus estudios y con su título, les esperan cuatro años más de formación en alguna especialidad –diez años como mínimo y algunos casos se suman dos o tres años más en una subdisciplina- y lo que les espera luego no es muy halagüeño, ni en retribución económica ni en reconocimiento de la sociedad. En los Servicios de emergencias y cuidados críticos (Guardias, Terapia Intensiva, Unidad Coronaria, Neonatología) esta falencia se acrecienta aún más por el desgaste físico –burn out- que demanda el desempeño en estas disciplinas, tanto sea de enfermeros, de médicos o del personal de apoyo.
 
Con relativa asiduidad, son objeto de duras y muchas veces justificadas críticas pero, simultáneamente, se les transfieren responsabilidades que no están acompañadas por los instrumentos paralelos al compromiso que se les demanda asumir ni del reconocimiento que tal carga merece, ni en el período formativo ni en el de ejercicio profesional. No obstante, sus esfuerzos cotidianos muchas veces suplen a la insuficiencia de insumos, de espacios apropiados y de aparatología acorde.

Es menester por ende, redefinir las pautas a las que deben sujetarse los futuros trabajadores de la salud. Sería saludable para comenzar a revertir esta situación, procurar instruir al estudiante y a las comunidades para contribuir a desarrollar metas sanitarias consensuadas; racionalizar los recursos humanos, tecnológicos, científicos, culturales y físicos, asignándolos de acuerdo a pautas comunes protegidas legalmente con la participación de todos los sectores involucrados y, fundamentalmente, reorientar la práctica y la educación de los próximos profesionales, haciéndolas complementarias entre sí y coherentes con los niveles de las exigencias cotidianas. Son estas premisas básicas sobre las cuales se fundarán las bases educativas de los actores de salud en el futuro; concretamente, programando cuántos formar, de qué manera, por cuánto tiempo y cómo distribuirlos, para que sean oportunos, suficientes, efectivos y del mejor nivel en el cuidado de la salud de las personas.