Según el comunicado radical, la "supuesta reforma judicial” propuesta por el Gobierno nacional "esconde -una vez más- fines espurios".

El comunicado

Entendemos que la Argentina atraviesa un complejo contexto en el cual la economía y la seguridad están en jaque mientras crece la crisis social al ritmo del desempleo, la desigualdad y la pobreza. Frente a esto, y lejos de ponderar las prioridades del momento, el gobierno toma la decisión de poner en debate el sistema judicial mostrando lo poco que le importa la realidad de los ciudadanos.

En la UCR estamos convencidos que hay que llevar adelante reformas judiciales, pero sospechamos con demasiados antecedentes que esta no es la forma. No pretendemos evadir el debate, pero tampoco seremos cómplices de una propuesta que bajo un título atractivo esconde -una vez más- fines espurios: Esta iniciativa busca la impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo y replicar la mayoría automática en la Corte Suprema que ya tuvo el peronismo menemista en la década del noventa.

La reforma judicial no beneficia en nada para tener una mejor justicia y lejos de avanzar hacia el sistema acusatorio que ya funciona en algunas provincias sino,continúa promoviendo elviejo sistema donde se concentra la casi totalidad del poder en los jueces.De eso no nos cabe ninguna duda.

Ni esta ley en particular, ni la comisión que se está creando para modificar la Corte y el Consejo de la Magistratura, comenzará siquiera a resolver los problemas. El único primer efecto directo será la creación de 300 cargos nuevos para nuevos jueces y funcionarios judiciales que a va a designar el gobierno.

No podemos obviar en todo esto las expresiones de miembros del gobierno que a viva voz plantearon y promovieron la liberación de delincuentes y corruptos desde el inicio de la pandemia y, también desde la campaña electoral.

Por todo ello, el radicalismo se opondrá a la propuesta de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. Deberá entender el Presidente: la Justicia es un valor que debe custodiarse y debe ser igual su peso y su valor para cada uno de los ciudadanos, sin manipularla a favor del capricho o interés circunstancial de algunos funcionarios.