En el inicio de la cuarentena, el gobierno de Axel Kicillof decidió comprar 200 respiradores con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a una empresa local con antecedentes en el rubro.

La contratación por parte de la Provincia se hizo efectiva el 2 de abril a través de la orden de compra 05/20. Como Aeromedical no tenía stock suficiente, subcontrató a Damián Nevi, quien decía importar los respiradores desde China pese las restricciones.

El expediente establecía un pago anticipado del 40% del total, osea 124 millones de pesos. A comienzos de abril, la firma Aeromedical SA cobró el anticipo pero nunca pudo cumplir con lo pactado y terminó denunciando por estafa a su proveedor, Damián Nevi, el mismo que terminó preso por la venta trucha de 5 millones de barbijos a la Ciudad de Buenos Aires.

La contratación de Aeromedical con la Provincia se canalizó través del Programa 16/006 del PNUD, vigente desde 2016. Ese mismo Programa permitió solventar los insumos que llegaron desde China en los aviones de Aerolíneas Argentinas, según consta en la documentación a la que accedió este medio. En esos cargamentos, había barbijos, mascarillas y trajes, pero no llegaron respiradores.

El 2 de abril, el mismo día que se materializó la contratación con la Provincia, Aeromedical le pagó a su proveedor un anticipo de $68.952.000. Lo hizo mediante un cheque. El monto equivalía al 30% del total acordado con Nevi.

Doce días después, Nevi se volvió a contactar con el dueño de Aeromedical por Whatsapp. Se quejó de que el cheque había sido rechazado y amenazó con voltear la operación. Pese a las dificultades para operar con los bancos, los dueños de esa firma decidieron hacer una transferencia. Ya se habían comprometido a entregar los respiradores dos semanas después de la firma del contrato.

El dinero se transfirió a una cuenta personal de Nevi en el Banco Credicoop, la misma que utilizó para cobrar el anticipo de los barbijos. Al igual que en ese caso, donde llegó a inventar el robo de los camiones con la mercadería, Nevi comenzó a improvisar una serie de excusas.

El 11 de mayo, según consta en la denuncia judicial, el comerciante fue hasta las oficinas de Aeromedical: aseguró que ya había importado 90 equipos y que los otros 110 estaban en camino desde Hong Kong. Una semana después, el dueño de Medinsumo terminaría detenido por el caso de los barbijos. En su casa, la Policía secuestró 810.000 de pesos dentro de una valija de color gris, con una nota que rezaba “ESTE ES EL PAGO TUYO”.

Ambas causas tramitan en el juzgado criminal y correccional 40, a cargo de la jueza Paula González.

Los dueños de Aeromedical tomaron contacto con un agente de carga que había participado de la operación y descubrieron que los respiradores que habían llegado a Ezeiza no eran los mismos que había comprado la Provincia. No coincidía ni la marca ni el modelo. No solo eso: era equipos no invasivos, es decir, aquellos que se aplican a pacientes con problemas respiratorios menos graves y se utilizan con mascarillas ajustadas a la boca.

La empresa terminó denunciando por estafa a Nevi. La investigación judicial estuvo hasta ayer en secreto de sumario. Entre las primeras medidas, la jueza ya secuestró los respiradores que estaban en el aeropuerto de Ezeiza y comprobó que no eran invasivos. También allanó el domicilio de Paula Fernández, donde secuestró varios elementos para analizar.

La detención de Nevi por la estafa con los barbijos precipitó la caída del contrato entre la empresa y la Provincia por un total de 310 millones ($280 millones más IVA). La documentación a la que accedió este medio muestra que se iba a pagar $1.402.714 por cada respirador (más los impuestos) cuando el costo unitario era de $1.040.000.

El contrato se rescindió formalmente el 2 de junio, tres meses después del acuerdo. Ese documento lleva la firma de María Victoria Anadon, Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud bonaerense. Para la empresa significó una pérdida millonaria porque ya había transferido casi 70 millones a Nevi y tuvo que afrontar el costo de una póliza de caución exigida en el contrato.