En medio de una serie de agresiones promovidas a través de redes sociales vinculadas, sobre todo, con el reciente Mundial de la FIFA, el Gobierno nacional endureció la política migratoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que hayan promovido mensajes de odio contra los argentinos o participado en actos de ultraje a los símbolos patrios.

La medida, establecida a través del DNU 681/2026, modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 al sumar esos supuestos tanto entre los impedimentos para ingresar al territorio nacional como entre las causales de cancelación de la residencia.

Anticipó la salida del decreto en el Boletín Oficial una publicación en la red social X de la cuenta de la Presidencia, donde se expresó que Javier Milei “ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

El texto continúa: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

De este modo, a partir de la entrada en vigencia de la norma no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina “quienes hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales o promovido cualquiera de esas conductas”.

El decreto también modifica el artículo 63 de la ley para establecer que, cuando la residencia sea cancelada por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se determine o disponer su expulsión, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.