El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires introdujo modificaciones estructurales en los procedimientos administrativos que rigen la infraestructura estatal con el propósito de destrabar la parálisis sectorial. A través del decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración encabezada por Axel Kicillof modificó la reglamentación de la histórica Ley de Obra Pública (Ley 6021 y su decreto madre 5488/59). La reforma adapta el marco normativo a las pautas fijadas por la reciente Ley de Presupuesto 2026, alterando un total de siete artículos clave para otorgar mayor previsibilidad a las empresas contratistas, acortar los plazos burocráticos y dinamizar lo que el gobierno provincial considera uno de los principales motores económicos del territorio bonaerense.

El corazón de la reforma altera las competencias del Consejo de Obras Públicas. Con el esquema previo, la burocracia institucional dilataba las licitaciones; a partir de la entrada en vigencia del decreto, la intervención de este organismo quedará limitada exclusivamente a emitir un dictamen técnico denominado “Validación de Proyecto”. Esta función se circunscribirá al análisis estricto de planos, memorias descriptivas, presupuestos oficiales y pliegos de bases y condiciones, eliminando las revisiones secundarias que ralentizaban los llamados a concurso.

Uno de los puntos más salientes para el sector empresarial radica en la actualización de las metodologías de contratación directa. El decreto dispone que el Estado provincial podrá eludir el llamado a licitación pública en aquellos proyectos cuyos presupuestos oficiales no excedan el equivalente a las 400 unidades de medida, indicador que representa el valor testigo del metro cuadrado de construcción. Dicha unidad no quedará fija, sino que será actualizada de forma permanente por la autoridad de aplicación basándose en índices de costos objetivos de la industria, blindando el esquema contra el impacto inflacionario.

En lo que respecta a los procesos de adjudicación, el factor precio se mantiene como la variable troncal para definir la oferta más conveniente. No obstante, el marco legal abre la puerta a un criterio multidimensional: de manera excepcional, y siempre que esté contemplado taxativamente en los pliegos generales, los organismos técnicos de la Provincia podrán evaluar aspectos complementarios como la solvencia económica y financiera de la firma, los antecedentes operativos, la calidad e integridad del oferente, y pautas ligadas a la sostenibilidad ambiental, social y económica.

La normativa también busca resolver los imprevistos financieros que suelen paralizar el avance físico de los trabajos en las rutas y barriadas bonaerenses. Cuando durante la marcha de una obra resulte necesario utilizar las reservas presupuestarias fijadas por la ley para realizar modificaciones de ingeniería, las dependencias oficiales ya no se verán obligadas a suscribir un nuevo contrato complementario. De ahora en más, bastará con la emisión de un acto administrativo ágil que apruebe las variantes técnicas y certifique que las alteraciones responden a necesidades fácticas del proyecto en ejecución.

Finalmente, el decreto 623/2026 incorporó un artículo riguroso para la gestión y solicitud de prórrogas de plazos. Las constructoras que sufran demoras debido a causales de fuerza mayor contempladas por la ley dispondrán de un límite perentorio de 30 días —desde que se originó el inconveniente— para formalizar su descargo y pedido de extensión. La repartición del Ministerio de Infraestructura encargada de auditar la obra será la encargada de determinar la incidencia real de la demora sobre la curva de trabajos original. Los nuevos lineamientos legales alcanzan de forma inmediata a todas las licitaciones en curso donde aún no se hayan abierto los sobres con las ofertas económicas, así como también a los contratos vigentes, resguardando el principio de igualdad entre los participantes.