La “Alianza Anticomunista Argentina” -se la responsabiliza de unos 2.000 crímenes políticos- fue una organización de extrema derecha organizada por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. Luego de la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, la Triple A comenzó a publicar listas de personas a quienes pretendía asesinar y tras el golpe militar de marzo de 1976 sus funciones se fueron reduciendo.

En función de un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal compuesto por los jueces Roberto Amábile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacaba, decidió continuar por medios electrónicos este proceso oral y público que comenzó el pasado 9 de marzo y que se suspendió en función del aislamiento social decretado por la pandemia de coronavirus.

Los imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, y están acusados de cometer delitos contra 20 víctimas que desarrollaban actividades gremiales y políticas en Bahía Blanca.

El miércoles, también por videoconferencia, proseguirá en los Tribunales de San Martín, la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

El jueves en Tucumán, en tanto, seguirán, por medios electrónicos, las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

También el jueves, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando a nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada "Contraofensiva montonera", ocurrida entre 1979 y 1980.