El histórico conflicto por el cobro de las tasas viales en la provincia de Buenos Aires ha escalado a una nueva instancia tras una seguidilla de pronunciamientos judiciales que marcan un precedente alarmante para las arcas municipales. Juzgados de Trenque Lauquen y San Nicolás han comenzado a fallar a favor de los productores, estableciendo que el pago de una tasa no es una obligación unilateral, sino que requiere una contraprestación efectiva, concreta y verificable por parte del Estado municipal.

En Henderson (Hipólito Yrigoyen), el juez Pablo Germain sentó una base doctrinaria clave al intimar al Ejecutivo municipal a informar detalladamente el destino de los fondos recaudados bajo este concepto. El magistrado enfatizó que el acceso a la información pública es un derecho constitucional y que los contribuyentes tienen la potestad de conocer si los recursos destinados al mantenimiento de caminos rurales están siendo utilizados efectivamente en la reparación de calzadas o si están siendo desviados para cubrir déficits de otras áreas.

La encrucijada de los intendentes Para los jefes comunales, estos fallos representan un desafío logístico y financiero en medio de un contexto de fuerte caída de la recaudación y recortes en la coparticipación provincial. El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, graficó la complejidad de la tarea: "Administramos redes de más de 2000 kilómetros de caminos de tierra. Cuando el clima golpea con inundaciones, los costos de mantenimiento se triplican, justo en el momento en que el productor deja de pagar porque no puede sacar la cosecha".

Desde el sector público sostienen que la tasa vial es, en muchos casos, el único recurso propio con el que cuentan los distritos del interior para sostener la infraestructura básica. Argumentan que la judicialización masiva podría derivar en un estado de abandono permanente de los caminos, afectando no solo a la producción sino también al acceso a escuelas rurales y centros de salud.

Carbap y el principio de legalidad En la vereda opuesta, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) ha tomado estos fallos como una ratificación de su postura histórica. Según la entidad, la tasa ha sido desvirtuada en muchos municipios para convertirse en un "impuesto encubierto".

"La transparencia no es una concesión del intendente, es una obligación legal. Si no hay máquinas en los caminos, no puede haber una boleta en el escritorio del productor", señalaron desde la confederación. El reclamo de las rurales apunta a que los fondos recaudados tengan una afectación específica, garantizando que el aporte del campo vuelva al sector en forma de transitabilidad.

Con distritos como Azul, Baradero y Daireaux también bajo la lupa judicial, la controversia se encamina hacia una revisión integral de la autonomía municipal y la transparencia en el uso de los recursos. La resolución de este conflicto definirá si las tasas viales seguirán siendo el principal sustento de la maquinaria municipal o si deberán transformarse en sistemas de gestión compartida con auditorías externas del propio sector productivo.