El Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre las provincias con una reducción de las transferencias del 65,65% en términos reales en lo que va de su gestión. Según un reporte de Nadin Argañaraz, presidente de IARAF, esta política derivó en una caída del 19% en los recursos totales disponibles para los gobernadores, lo que equivale a una pérdida de 1,5 billones de pesos mensuales. En este contexto de asfixia financiera, la Casa Rosada debió activar un mecanismo de asistencia de emergencia para evitar el cese de pagos en la mitad del territorio nacional.

A través del Decreto 219/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el giro de un "anticipo financiero" por un total de $400.000 millones destinado a doce provincias, entre ellas Mendoza, Chaco, Salta y Tucumán. La normativa justifica la medida señalando que el 50% de las jurisdicciones "manifiestan que se ven impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas". El auxilio, que cuenta con una tasa del 15% anual, deberá ser devuelto antes de que finalice el año 2026.

La caída del 8% en la coparticipación durante el primer trimestre ha trasladado la crisis directamente a los servicios básicos, ya que el 70% del gasto provincial se concentra en salud, educación y seguridad. Un relevamiento del Centro CEPA, firmado por Hernán Letcher, revela que el 80,4% de las provincias enfrenta conflictos activos con empleados estatales. La mayoría de los acuerdos alcanzados recientemente son de corto plazo, con gremios que aceptan reaperturas de paritarias en 30 o 60 días ante la imposibilidad de los tesoros provinciales de garantizar salarios que sigan el ritmo de la inflación.

El mapa de la conflictividad es crítico y se extiende por todo el país, con situaciones extremas en distritos como Catamarca y Río Negro, que registran hasta seis sectores en protesta simultánea. Mientras que en Buenos Aires y CABA los reclamos se centran en el empleo público y la educación, en provincias como Santa Cruz y Chaco la tensión alcanza también a las fuerzas policiales y judiciales. Este auxilio financiero de la Nación busca poner un parche a una situación de "quiebra federal" que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales en el corto plazo.