La carga impositiva en Argentina continúa siendo uno de los principales componentes en los precios que pagan los consumidores, afectando con especial dureza al sector financiero y energético. Según un informe de la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, hasta el 77% de la tasa de interés en préstamos bancarios corresponde a impuestos. En el desglose del gravamen financiero, la Nación absorbe el 25%, las provincias el 8% y los municipios el 4%, dejando apenas un 40% como tasa neta para las entidades bancarias, lo que encarece drásticamente el acceso al crédito.
En el mercado de los combustibles, la situación es similar: el 46,6% del precio por litro de nafta son tributos. De ese total, la mayor parte (41,5%) es recaudada por el Gobierno Nacional, mientras que el resto se reparte entre provincias y municipios. A pesar de la presión por el aumento del crudo debido al conflicto en Medio Oriente, el Ministerio de Economía decidió postergar hasta el 1° de mayo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Esta prórroga busca evitar un traslado pleno a los surtidores, aunque el Palacio de Hacienda descartó una baja impositiva para no comprometer el superávit fiscal.
El valor real de estos impuestos específicos ha sufrido un fuerte deterioro en los últimos años debido a la inflación. De acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), tras tocar un piso histórico en enero de 2024 —con una caída del 88% respecto a 2018—, el tributo comenzó una lenta recomposición. Actualmente, el impuesto se ubica en torno a los $367 por litro; si bien representa una mejora frente a los mínimos del año pasado, todavía se encuentra un 38% por debajo del nivel real que ostentaba hace seis años, lo que explica la necesidad oficial de seguir actualizando los montos para sostener la recaudación.
Finalmente, la presión impositiva también se siente en la digitalización y los consumos diarios. El IVA del 21% lidera la carga en servicios financieros y suscripciones digitales (como Netflix o Spotify), sumado a tributos provinciales como Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. A pesar de la derogación del impuesto PAIS a fines de 2024, aún persiste una percepción del 30% a cuenta de Ganancias para consumos en moneda extranjera abonados en pesos. Esta estructura de costos, que incluye cargos fijos anuales por renovación de tarjetas más su correspondiente IVA, configura un escenario donde el componente estatal suele ser más alto que el valor del servicio o producto básico.